La declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionada no ha conseguido reducir el precio de los alquileres, pero al menos los ha contenido. Este "primer principio cumplido" lo ha destacado este viernes la alcaldesa, Inés Rey, tras la reunión de la Mesa de la Vivienda en la que se ha hecho balance del año transcurrido desde que la ciudad, con esta declaración, trabaja para controlar los arrendamientos.
Rey recalcó la "tendencia descendente" de los precios tras admitir que la medida en su primer año "no ha resuelto el problema" de los elevados alquileres. Por eso hizo un balance "prudente" en el que se apoyó en algunos datos comparativos disponibles en el Observatorio da Vivenda de la Xunta.
De un crecimiento en los precios del 13,65% en 2023 se pasó a otro del 16,29% en 2024, para al año siguiente reducirse a un alza del 2,63%. "Una bajada importante", calificó Rey, que añadió que en A Coruña, al contrario que Santiago, Ferrol y Vigo, "no hubo escalada" y bajó el precio medio del arrendamiento.
Rey dio valor a otras medidas aplicadas por su gobierno como complemento a la declaración de zona tensionada, entre las que destacó la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) y su inspección, la construcción pública en el barrio de Xuxán, ayudas a rehabilitación (3,5 millones para 240 pisos), la apertura de una oficina de vivienda y la cesión de suelo a la Xunta para edificar en la ciudad.
Pero la alcaldesa reprochó a la administración gallega que no facilite otros datos relacionados con la vivienda para poder realizar un análisis más completo de las consecuencias de la zona tensionada. Entre esta información aludió al estado de la oferta, al número de contratos de alquiler prorrogados, extinguidos o a los que permiten conocer cuántas fianzas corresponden a alquileres de temporada y cuántas a permanentes.
"La Xunta opaca datos", dijo Rey, que los reclamó para completar el balance: "Pedimos más transparencia para evaluar una política de vivienda que también tiene que analizar el Gobierno gallego".
El PP de A Coruña, por su parte, ha cuestionado una vez más la implantación de la zona tensionada, en sintonía con algunos sectores del ámbito inmobiliario de la ciudad que han destacado que la oferta de alquileres ha disminuido en el último año y que el alquiler de temporada ha aumentado al tiempo que el permanente ha descendido.
"El alquiler en A Coruña presenta una caída del 52% en el número de nuevos contratos comparando julio de 2025 y 2026, de 730 contratos a 349, y un aumento del precio medio anual del 11%. La consecuencia es que hoy en la ciudad los coruñeses tienen más dificultad para alquilar porque hay menos oferta y los pisos que hay son más caros que antes de que fuese zona tensionada", juzgan los populares.
Frente común con Santiago para reclamar fondos
La regidora coruñesa avanzó este viernes que dentro de siete días acudirá a Santiago junto al concejal de Urbanismo para reunirse con la alcaldesa, Goretti Sanmartín. El motivo de esta visita, explicó, es reclamar a la Xunta de Galicia la “transferencia inmediata” de los más de cinco millones de euros que el Ministerio de Vivienda remitirá al Gobierno gallego para las ciudades de la comunidad que han sido declaradas zonas tensionadas: A Coruña y Santiago.
"La Xunta tiene que cumplir su parte y hacer una política de vivienda útil”, insta Inés Rey.
Su homóloga ha mostrado recelo esta mañana sobre el reparto de fondos estatales, y ha avanzado que no descarta emprender “acciones pertinentes” si el Ejecutivo gallego reparte las ayudas a otras áreas de Galicia que no sean zonas tensionadas.
Sanmartín ha cargado contra las recientes declaraciones de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en las que manifestó que la Xunta, "en caso de recibir" dichos fondos, será la encargada de gestionarlos y apuntar que no entiende que tengan que ser destinados solamente a las ciudades que hayan solicitado la declaración de zona tensionada, una condición a la que siempre se ha opuesto la administración autonómica.
"Es el colmo de la desfachatez, algo absolutamente escandaloso", comentó Sanmartín, citando que el borrador del Real Decreto es "muy claro" sobre el destino de las ayudas, dirigidas a actuaciones en las zonas de mercado residencial tensionado.