El Concello de A Coruña se propuso el año pasado limitar la implantación de viviendas de uso turístico (VUT), que llegaron a superar las 1.400. El proceso supone también la regularización de los pisos no adaptados a la normativa municipal que estaban operando como VUT.
Para agilizar la tramitación de este tipo de viviendas, el Gobierno local va a reforzar la plantilla del área de Urbanismo con cuatro nuevos trabajadores. Participarán en un programa de tres años que tiene como fin la gestión de los expedientes relativos a pisos de uso turístico.
Con un gasto de 700.000 euros, esta iniciativa incorpora personal técnico de administración general, auxiliares técnicos de atención ciudadana y vigilantes de intervención en la edificación que liberarán de carga de trabajo a la estructura laboral de Urbanismo, informa el Concello. El programa podrá ser prorrogado por un año más.
La alcaldesa, Inés Rey, señala que la medida pretende continuar la política de favorecer el acceso a la vivienda en una ciudad donde los precios de alquiler han aumentado en los últimos años, aunque el valor medio se ha reducido en los meses finales de 2025 con la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionada.
"Avanzamos para dar cumplimiento al marco normativo de las VUT, viviendas que han tenido una repercusión clara en la ciudad reduciendo la bolsa residencial de alquiler e incrementando sus costes", comenta Rey.
El programa aplicado ahora con nuevo personal servirá para controlar las VUT no adaptadas a la ordenanza municipal aprobada el año pasado y para notificar a los titulares de estos inmuebles el procedimiento para su puesta en orden u obtención de su habilitación administrativa.
"En A Coruña estamos usando todas las herramientas y mecanismos de los que disponemos para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, una realidad que afecta a muchas partes del país y que exige un compromiso de todas las administraciones públicas en conjunto", incide Rey.
Zona tensionada: choque de puntos de vista
Las estadísticas se pueden usar con distinto enfoque para defender posturas diferentes. Es lo que hacen el Gobierno socialista de A Coruña y el grupo municipal del PP.
El Concello se apoya en los últimos datos publicados por el Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia para resaltar que la ciudad ha contenido los precios del alquiler residencial desde que A Coruña fue declarada zona tensionada a mediados de 2025. Los populares se apoyan en otros datos de la misma fuente para defender que la medida es “un fracaso”.
El Ejecutivo destaca la contención de los precios medios de arrendamiento por mes en el segundo semestre para advertir “un cambio de tendencia”. También señala el aumento total de contratos a lo largo del año. "Los datos demuestran que contener precios no significa frenar el mercado, sino hacerlo más justo y equilibrado", comenta la alcaldesa.
El PP, contrario a una solución promovida por el Gobierno estatal y aprobada en A Coruña, se centra en la caída de contratos de alquiler entre julio y diciembre de 2025, concluyendo con ello que la oferta ha desaparecido en un 70% y que el precio ha subido más de un 7%, pero no en el mismo periodo sino en todo el año.
La postura de Aviturga
La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha expresado su profunda preocupación por la decisión del Ayuntamiento de A Coruña. La entidad considera que esta medida no resolverá los problemas de acceso a la vivienda y profundiza en una estrategia restrictiva que ya ha demostrado efectos contraproducentes en otras ciudades.
Desde Aviturga denuncian que la ordenanza municipal se está aplicando con carácter retroactivo, afectando a viviendas que operan legalmente desde 2017 y generando inseguridad jurídica al no contemplar un régimen transitorio.
La asociación recuerda que esta normativa está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y señala que otros municipios han tenido que corregir este tipo de regulaciones mediante la modificación de sus planes generales, como ocurrió recientemente en San Sebastián.
La entidad también acusa al Ayuntamiento de ocultar su inacción en materia de política de vivienda, al responsabilizar a las VUTs de la situación del mercado inmobiliario cuando, según subraya, en los últimos años apenas se ha construido vivienda nueva, ni pública ni privada.
Aviturga destaca que las VUTs representan menos del 1% del parque residencial y advierte de que las medidas adoptadas están provocando una reducción de la oferta de alquiler, un aumento de los precios y mayores exigencias para los inquilinos.
Además, la asociación alerta de que la normativa actual perjudica a las familias coruñesas que habían invertido en este tipo de viviendas y favorece a grandes inversores, promoviendo la sustitución de viviendas residenciales por edificios turísticos gestionados por grandes operadores.
Por ello, Aviturga reclama "diálogo, rigor jurídico y políticas de vivienda eficaces", reiterando su disposición a colaborar con el Ayuntamiento para alcanzar un modelo equilibrado y sostenible.