Medio centenar de personas se concentraron este martes ante la sede de Augas de Galicia, en A Coruña, para mostrar su rechazo a la macroplanta de biogás proyectada en A Laracha. La movilización estuvo acompañada de cánticos contra la instalación, promovida por la empresa Bioenergía A Coruña, y volvió a poner el foco en las preocupaciones vecinales por las consecuencias que podría tener sobre el entorno natural y la calidad de vida de la población.
El proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento de residuos orgánicos en la parroquia de Soandres, en el lugar de Chousa Grande. La iniciativa ha generado oposición entre vecinos y administraciones locales por su dimensión y por los posibles efectos ambientales de una actividad industrial que estaría diseñada para recibir residuos procedentes del sector agroganadero y de la industria alimentaria.
La protesta celebrada en A Coruña se suma a las movilizaciones contra una instalación que todavía debe superar la tramitación ambiental correspondiente. Los opositores cuestionan tanto la ubicación elegida como la capacidad de tratamiento prevista y reclaman que se tengan en cuenta las posibles afecciones al agua, al aire, al patrimonio y a los núcleos de población próximos.
Una capacidad de tratamiento de 63.500 toneladas anuales
La instalación proyectada por Bioenergía A Coruña tendría capacidad para tratar un máximo de 63.500 toneladas de residuos al año, lo que equivale a unas 171 toneladas diarias. La materia prima estaría formada por residuos orgánicos sólidos y líquidos de origen agrícola y ganadero, purines y desechos procedentes de la industria alimentaria. De ese volumen, 6.500 toneladas anuales corresponderían a subproductos animales de categoría 3, es decir, materiales de origen animal que no se destinan al consumo humano.
El proyecto se ubicaría en la parcela 18 del polígono 56 de A Laracha, en Chousa Grande, en unos terrenos donde anteriormente había una cantera. La documentación municipal sobre la iniciativa apunta a una ocupación de alrededor de 95.070 metros cuadrados de suelo rústico, en un entorno que ha suscitado preocupación por su proximidad al río Anllóns y a núcleos de población.
El funcionamiento de la planta se basaría en la digestión anaerobia, un proceso mediante el cual la materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno para producir biogás. Posteriormente, ese gas se sometería a un proceso de enriquecimiento para obtener biometano, con características adecuadas para su inyección en la red de gas natural. La actividad permitiría también obtener fertilizante orgánico a partir de los materiales resultantes del tratamiento.
El diseño contempla diferentes procedimientos en función del tipo de residuo recibido. Los materiales sólidos se descargarían en una zona habilitada con un equipo triturador, mientras que los líquidos se incorporarían directamente a una balsa de alimentación. Los subproductos animales tendrían que someterse a un proceso de higienización para eliminar posibles patógenos antes de continuar con el tratamiento.
Una vez finalizado el proceso, el material resultante, denominado digestato, se separaría en una fracción sólida y otra líquida. La primera se entregaría a un gestor autorizado, mientras que la segunda pasaría por un sistema de depuración para obtener un efluente del que una parte se reutilizaría en la propia instalación y otra podría verterse a un cauce público, de acuerdo con la documentación ambiental del proyecto.
La actividad está planteada para funcionar las 24 horas del día durante toda la semana, aunque la supervisión presencial prevista se limitaría a seis días semanales, en turnos de siete horas. La empresa contempla tres personas por turno y un sistema de vigilancia remota durante el resto del tiempo.
Olores, tráfico y posibles afecciones al río Anllóns
Una de las principales preocupaciones de los opositores tiene que ver con las consecuencias que podría tener el transporte de residuos hasta la planta. El volumen previsto de tratamiento supondría un movimiento continuado de camiones, que tendrían que acceder a las instalaciones para descargar los materiales y pasar por los correspondientes controles de entrada y salida.
Los vecinos también han expresado su inquietud por los posibles olores derivados de la manipulación y el tratamiento de los residuos, así como por los efectos que la actividad podría tener sobre la calidad del aire, el suelo y los recursos hídricos. La proximidad del río Anllóns constituye otro de los puntos de preocupación, especialmente por la gestión de las aguas residuales y el destino del efluente que se genere durante el proceso.
La documentación técnica contempla medidas para reducir estos riesgos, entre ellas un sistema de captación y desodorización del aire de proceso y un programa de vigilancia ambiental. La empresa promotora reconoce en su evaluación diferentes impactos potenciales, aunque considera que pueden controlarse mediante las medidas preventivas y correctoras previstas. El estudio ambiental califica el impacto global de la actuación como medio.
El patrimonio de la zona es otro de los elementos que alimentan el rechazo. Los vecinos han advertido de la cercanía de elementos arqueológicos y han cuestionado el efecto que la implantación de una infraestructura industrial de estas dimensiones podría tener sobre el paisaje rural de Soandres.