La transferencia de la AP-9 a Galicia vuelve a quedar condicionada por un proceso electoral. En esta ocasión, sin embargo, hay una diferencia respecto a lo ocurrido en 2023: la ley ya está aprobada y en vigor, por lo que la disolución de las Cortes no hará decaer su tramitación. Lo que sí puede verse afectado es la negociación abierta entre la Xunta y el Gobierno para intentar resolver las discrepancias sobre su contenido.
Precisamente este lunes, 5 de octubre, el mismo día en el que Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de Galicia (DOG) han publicado el acuerdo alcanzado por la comisión bilateral entre ambos ejecutivos para iniciar estas conversaciones.
El acuerdo contempla la creación de un grupo de trabajo encargado de negociar las discrepancias existentes en torno a la norma. También se comunica la situación al Tribunal Constitucional, manteniendo abierta la posibilidad de que la Xunta recurra ante este órgano si finalmente no se alcanza un entendimiento con el Gobierno central.
La Xunta ya ha mostrado públicamente su rechazo al contenido de la ley. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha advertido en varias ocasiones de que el texto no garantiza la financiación necesaria para asumir una infraestructura estratégica para Galicia y ha rechazado que la comunidad pueda hacerse cargo de lo que considera un "negocio ruinoso", con un posible impacto de "miles de millones", tal y como reporta Europa Press.
Pese a sus discrepancias, el Gobierno gallego aceptó abrir una negociación bilateral con el Ejecutivo estatal. El objetivo es abordar el contenido de la ley y tratar de superar las diferencias antes de recurrir al Constitucional, aunque esta vía continúa sobre la mesa.
Una transferencia que lleva años bloqueada
El traspaso de la Autopista del Atlántico es una reivindicación histórica de Galicia. El Parlamento gallego aprobó en marzo de 2016 una primera propuesta por unanimidad, aunque el veto del Gobierno de Mariano Rajoy obligó a presentar nuevos textos. En mayo de 2018, la Cámara autonómica volvió a aprobar por unanimidad una nueva iniciativa.
La propuesta volvió a decaer y hubo que esperar hasta febrero de 2021 para que los representantes de los grupos gallegos defendiesen de nuevo su toma en consideración en el Congreso. El texto era idéntico y salió adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara, aunque Vox votó en contra.
Su tramitación quedó nuevamente condicionada por la convocatoria de elecciones generales de 2023, que provocó la disolución de las Cortes y el final de la legislatura.
Ahora el escenario es diferente. El texto que ha terminado dando lugar a la ley vigente partió nuevamente del Parlamento gallego, pero la unanimidad inicial se rompió durante su recorrido por el Congreso. PSOE, BNG y Sumar alcanzaron finalmente un acuerdo que permitió desbloquear la iniciativa, mientras que el PP rechazó el texto pactado.
La norma fue finalmente aprobada y entró en vigor el pasado 1 de agosto. La Xunta ya había advertido antes de su aprobación de que no compartía las condiciones planteadas, especialmente por las dudas sobre la financiación del traspaso.
Ahora, cuando apenas han comenzado las negociaciones entre ambos gobiernos, la convocatoria de unas nuevas elecciones generales vuelve a introducir incertidumbre en un proceso que Galicia lleva reclamando desde hace una década.