La familia Franco ha comenzado a retirar sus pertenencias del Pazo de Meirás, en Sada. Se trata de más de 400 piezas, entre muebles y elementos decorativos, que quedaron fuera del litigio sobre el contenido del inmueble al no ser reclamadas por el Estado.
La salida de estos bienes llega varios años después de que la Justicia confirmase que el pazo debía pasar a manos del Estado. El Tribunal Supremo ratificó en 2021 que Meirás no era propiedad de los herederos del dictador, sino un bien de titularidad estatal, al considerar que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado.
En aquella resolución, el alto tribunal desestimó los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco y avaló las actuaciones impulsadas por la Abogacía del Estado para inscribir el inmueble a nombre del Estado. No obstante, el proceso sobre los bienes muebles siguió un recorrido diferente, ya que parte de ellos no fueron incluidos en la reclamación y ahora están siendo retirados por la familia.
Por su parte, desde la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) da Coruña denuncian que la familia Franco está retirando del Pazo de Meirás bienes muebles que, a su juicio, van más allá de objetos personales o de aquellos incorporados al inmueble tras las etapas de Emilia Pardo Bazán y del dictador.
En un comunicado, la entidad sostiene que esta situación es consecuencia de la "deficiente gestión" del Estado en la defensa de la titularidad pública de estos bienes y acusa a la Administración central de colaborar en su salida del pazo. Según la CRMH, los elementos retirados forman parte del listado de más de 400 bienes que no fueron reclamados por el Estado en el litigio judicial.
La CRMH critica la falta de información sobre este proceso y reclama al Ministerio de Memoria Democrática que ofrezca explicaciones públicas y, en su caso, depure responsabilidades políticas.
Asimismo, insta a la Xunta de Galicia a aclarar si ejerció sus competencias de control y supervisión sobre unos trabajos realizados en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC), para los que, según la entidad, fue necesaria incluso la instalación de andamios.
Críticas por la suspensión de visitas
La comisión asegura además que el Estado ha suspendido este viernes las visitas públicas programadas al inmueble para facilitar los trabajos de desmontaje y retirada de estos objetos por parte de una empresa contratada por la familia Franco.
Esta decisión, según la CRMH, afecta a personas que habían reservado con antelación e incluso se desplazan desde otros puntos de España sin que se les ofrezca una alternativa.
En este sentido, reclama a la Xunta que abra un expediente sancionador al considerar que el Estado está incumpliendo las condiciones de acceso público previstas para el inmueble y priorizando, según sostiene la entidad, los intereses de la familia Franco sobre el derecho de la ciudadanía a visitar el pazo.
Por último, la CRMH expresa su preocupación por el proceso pendiente para liquidar los gastos de mantenimiento y mejoras reconocidos por el Tribunal Supremo a favor de los herederos de Franco y reclama que el futuro uso de Meirás se decida con participación de la sociedad gallega para convertirlo en un verdadero lugar de memoria.