La trama del sindicato SLT de A Coruña reabre un caso en Ourense
La trama del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) de A Coruña destapada la semana pasada en la ciudad herculina ha reabierto un caso en Ourense. La CIG ha aportado datos sobre esta situación y pide que se retome la investigación a la concesionaria del servicio, denunciada ante la Fiscalía en 2020.
"Todo o que saiu nos medios de comunicación sobre as detencións da Coruña, co sistema de mordidas, de chantaxe e co control da contratación de persoal por parte desa organización que se autodenomina sindicato de traballadores da limpeza, foi denunciado por nós dende o 2018 en denuncia pública ante o Concello de Ourense e no 2020 fomos ante Fiscalía. É exactamente o mesmo modus operandi", asegura el secretario comarcal de la CIG en Ourense, Anxo Pérez Carballo, a este medio.
La Fiscalía, según la CIG, archivó la causa pero el sindicato pide ahora que retome el caso al comprobarse la dimensión de lo ocurrido en A Coruña, con cuatro personas investigadas y en libertad con cargos como presuntas autoras de delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y estafa. El sindicato gallego argumenta que en Ourense también se produjo un "reparto mafioso" de los contratos, cobrándoles a los trabajadores para acceder a los puestos.
Gestionaban la mitad de los contratos a tiempo parcial
Pérez Carballo explica que en el caso de la ciudad de As Burgas se cumplía "a formalidade" de la entrega de currículos, que eran gestionados de forma directa en las oficinas de STL. Esta agrupación, según la CIG, se encargaba de asignar el 50% de los contratos a tiempo parcial que le correspondían FCC (una de las empresas de la UTE Ecourense), mientras que la otra mitad decidían encargados, capataces y algunos concejales.
Las contrataciones que gestionaba STL se hacían mediante la empresa Asociación Impulso ao Emprego (Imprego), que debía favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social y estaba dirigida por la pareja del secretario general del sindicato, detenida en la operación policial de A Coruña. "Prácticamente o 100% dos contratados por este sistema eran familiares de traballadores que xa estaban", denuncia Pérez Carballo.
"Dende o 25 de outubro de 2022, a muller do responsable do sindicato en Ourense está traballando con contrato indefinido a tempo completo, cando o convenio establece que a ampliación de plantilla ténse que facer necesariamente co persoal que está con contratos a tempo parcial", explica el representante de la CIG. Algunos trabajadores van a impugnar esta contratación ante el Juzgado de lo Social, según avanza Pérez Carballo, que indica que una hija de 18 años de la pareja también fue contratada.
Pedían unos 70 euros mensuales a los trabajadores
"Se o TSJ viu motivos e a Policía interviu en A Coruña e hai catro persoas imputadas por delitos de moita gravidade, que se extenda a investigación a Ourense porque o mecanismo era exactamente igual. Nós denunciámolo no seu momento ante Fiscalía e chegamos a presentar recibos bancarios nos que se vía a mordida que mensualmente tiñan que pagar os traballadores", explica a este medio Pérez Carballo.
Las personas beneficiadas con estos contratos, según la CIG, pagaba al principio 63,50 euros al mes, cantidad que posteriormente ascendió hasta los 70 euros. La cifra era inferior en el caso de los contratos temporales, con unos 40 euros. "Cando alguén se negaba a seguir pagando misteriosamente acabábaselle o contrato", asegura el sindicato, que apunta a que la rotación en los puestos favorecía que hubiese más personas que "debían" favores a STL.
Las CIG asegura que detectó numerosas irregularidades en las contrataciones. "Cando chegabamos a conclusión de que estaban en fraude de lei, de que se excedía o tempo de contratación temporal ou de que incluso estaban realizando funcións distintas para as que foran contratados, acudimos a Inspección de Traballo, que transformou de oficio máis de 80 contratos temporais en indifinidos. Esa xente, a maioría, xa non paga a mordida", explica Pérez Carballo.
El secretario comarcal, además, aseguró el pasado viernes en rueda de prensa que todo esto se realizaba con la complicidad de FCC, por lo que considera que la empresa también debería ser investigada. La CIG, además, apunta al Concello de Ourense: "A Alcaldía foi a primeira porta na que petamos antes de ir á Fiscalía, e dixéronnos que ían actuar pero ao final non fixeron nada".
