La Xunta ha iniciado este martes en el Parlamento de Galicia la tramitación de la ley contra el acoso y la violencia digital, una norma que el Gobierno gallego presenta como pionera en España y Europa y que busca dar una respuesta específica a una forma de violencia cada vez más presente, especialmente entre mujeres, niñas y adolescentes.
Según informa Europa Press, el proyecto contempla entre sus principales medidas la creación de un servicio gratuito de borrado de huella digital para eliminar contenidos utilizados como instrumento de acoso o violencia, así como asistencia jurídica gratuita para las víctimas desde el primer momento y sin necesidad de que hayan presentado una denuncia.
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, defendió durante su comparecencia que la futura ley pretende ofrecer una respuesta integral ante estas situaciones. El texto también contempla la protección de otros colectivos especialmente vulnerables, como menores, personas con discapacidad y personas LGTBI.
La norma establece cuatro grandes objetivos: fijar los principios de actuación de la Xunta en materia de violencia digital, impulsar medidas de sensibilización, prevención y detección, mejorar la formación del personal público y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y establecer medidas de protección y apoyo para las víctimas.
Entre las medidas previstas figura además la incorporación obligatoria de contenidos relacionados con la competencia digital en los currículos de todas las etapas educativas no universitarias. La Xunta también plantea aprobar un plan integral contra el acoso y el ciberacoso y alcanzar acuerdos con empresas para establecer mecanismos "ágiles" y "urgentes" de denuncia y retirada de contenidos vinculados con estas violencias.
El proyecto incluye igualmente un servicio específico de apoyo técnico e información para ayudar a prevenir nuevos ataques, así como una guía sobre los derechos de las víctimas, pautas de seguridad informática y recomendaciones para conservar evidencias digitales que puedan resultar relevantes posteriormente.
La formación de los profesionales es otro de los aspectos contemplados. Según explicó la conselleira, más de 200 profesionales ya han recibido formación específica en violencia de género digital.
PSOE y BNG presentan enmiendas a la totalidad
El proyecto ha recibido, sin embargo, las críticas de los grupos de la oposición. Tanto el PSdeG como el BNG han presentado sendas enmiendas a la totalidad, que no han salido adelante, al considerar que el texto resulta insuficiente y que necesita concretar más los recursos, las obligaciones y los mecanismos de actuación.
La diputada socialista Paloma Castro ha defendido la necesidad de legislar frente a la violencia digital, pero ha cuestionado que el proyecto de la Xunta "diluye" la dimensión de género de este tipo de violencia. A su juicio, el machismo también se ha trasladado al entorno digital y utiliza las nuevas tecnologías para ejercer formas de control y violencia contra mujeres y niñas.
Castro ha reclamado medidas específicas frente al acoso sexual, la difusión de imágenes íntimas, el control digital dentro de las relaciones afectivas o la creación mediante inteligencia artificial de imágenes sexualizadas. También ha cuestionado que las medidas de prevención educativa previstas concreten los contenidos, los protocolos, los profesionales responsables o los mecanismos para detectar y atender de forma temprana estas situaciones.
La socialista ha reclamado además una mayor implicación de las plataformas digitales, recursos específicos para colectivos vulnerables y una coordinación más clara entre los Centros de Información á la Muller (CIM), los Centros de Crisis 24 Horas y el resto de servicios públicos.
"Una mujer que sufre violencia digital no necesita una administración que le diga qué formulario tiene que cubrir", ha afirmado Castro, que ha defendido que el sistema público debe organizarse "alrededor de la víctima".
Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro ha definido el proyecto como una sucesión de "buenas intenciones" y ha criticado que el texto utilice términos como "promoverá" o "fomentará" sin establecer, a su juicio, suficientes obligaciones concretas para la Administración autonómica.
"Hacen leyes para la hemeroteca y no para la gente", ha reprochado el nacionalista, que considera que la norma debería fijar con mayor precisión objetivos, plazos, recursos, responsables y mecanismos de evaluación.
El BNG también ha reclamado medidas específicas frente a la violencia machista digital y ha cuestionado el papel reservado a las grandes plataformas tecnológicas, además de pedir más concreción sobre la formación que recibirán los menores y sobre la respuesta ante el uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos o sexualizados.
El PP defiende una ley "pionera"
Desde el PPdeG, la diputada Mª Encarnación Amigo ha defendido el proyecto y su carácter pionero, además de rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. La parlamentaria ha sostenido que existe un consenso general sobre la necesidad de contar con una legislación específica frente al acoso y la violencia digital.
Amigo ha respondido a las críticas de PSOE y BNG señalando que algunas de las cuestiones reclamadas corresponden al posterior desarrollo reglamentario de la ley. En este sentido, ha defendido que el proyecto fija "los principios, los derechos, las obligaciones y el marco de actuación", mientras que los protocolos y procedimientos concretos deberán desarrollarse posteriormente.
La diputada popular también ha rechazado que la norma deje de lado la perspectiva de género y ha recordado que las mujeres y niñas aparecen entre los colectivos que reciben una atención específica. Entre las medidas ha destacado el servicio de borrado de contenidos, el plan educativo y la formación de los profesionales que atienden a las víctimas.
Respecto a las plataformas tecnológicas, ha defendido que la Xunta no dispone de competencias para legislar sobre determinadas materias y ha apostado por una norma que pueda adaptarse a la rápida evolución tecnológica.
El PPdeG ha mostrado además su disposición a negociar modificaciones durante la tramitación parlamentaria y ha avanzado una posible enmienda relacionada con el borrado de la huella digital para contemplar determinados supuestos en los que exista una resolución judicial o una medida cautelar.
"Dialogar no significa paralizar, ni consensuar significa volver a la casilla de salida", ha defendido Amigo, que ha reclamado a los grupos de la oposición que participen en la mejora de una norma que la Xunta considera necesaria para reforzar la protección frente al acoso y la violencia digital.