El plan de la Xunta para reducir las bajas prevé la creación de "un dispositivo de actuación" frente a abusos en incapacidades temporales por contingencias comunes y campañas "con un tono pedagógico y no alarmista" sobre el impacto de las "ausencias indebidas" en los compañeros. Así lo recoge el documento, que precisa que el coordinador de reincorporación al trabajo no tendrá objetivos ni incentivos por reducir las bajas.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, establece en uno de sus apartados una medida específica de "protección de la integridad y del valor colectivo del sistema de incapacidad temporal", en la que se refiere a este "dispositivo de actuación conjunta frente a posibles abusos en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes".
El "perímetro material" de este dispositivo, según la redacción del texto, "queda tasado en tres ámbitos". El primero hace referencia a la realización de actividades incompatibles con la baja y el cobro indebido de prestaciones "a partir de indicios objetivos".
El segundo ámbito en el que se moverá este "dispositivo" será el de las conductas de fraude como falsificación u obtención irregular de partes, y el plan indica que será "con remisión al Ministerio Fiscal cuando existan indicios de delito".
En tercer lugar, se refiere a "las actuaciones empresariales vinculadas a la situación de baja que contravengan la normativa vigente", por ejemplo exigiendo la prestación de servicios durante la incapacidad temporal, el "obstáculo" en el ejercicio de derechos, el incumplimiento de las obligaciones de cotización, "la presión para el alta y la vulneración de la intimidad".
"La defensa del sistema alcanza a todas las direcciones en las que puede ser defraudado", puntualiza el documento.
La composición, el régimen de funcionamiento y los protocolos de actuación de este dispositivo se establecerán en el marco de la mesa permanente prevista en el plan y en el seno del diálogo social. "En el marco de este dispositivo no se utilizarán factores que perjudiquen la presunción de legitimidad de la incapacidad temporal y las garantías frente a la vigilancia indiscriminada", añade.
El plan prevé también la elaboración de campañas dirigidas a empresas y trabajadores "identificando con nitidez qué situaciones son socialmente inadmisibles y por qué es en ellas donde hay que actuar".
El conselleiro de Emprego, José González, aseguró este martes en un acto en Santiago que esta es "una parte muy pequeña del plan que tiene que ver con un fenómeno que está acreditado que es absolutamente minoritario", por los fraudes y abusos. Respecto a dar aviso a Fiscalía, esto es "como se hace hasta ahora" y no hay "nada especial" al estar recogido en la legislación.
"Si hay algún incumplimiento en prestaciones, tiene que actuar la inspección de trabajo o sanitaria", ahondó González, que ha incidido en que "no es objeto de este plan ni criminalizar a los trabajadores ni poner en duda el derecho a estar de baja" y ha resuelto que "simplemente hay una parte que tiene que ver con la corresponsabilidad", en concreto el tercero de los ejes.
Las 37 medidas
El primer eje del plan hace referencia al bienestar laboral y contiene medidas como el impulso de los servicios de prevención mancomunados, "figura legal hoy infrautilizada". Se dirigirá sobre todo a sectores y actividades con altas tasas de siniestralidad, así como a los polígonos industriales y áreas geográficas con predominio de microempresas.
Las ayudas a la inversión en equipamiento ergonómico en las pymes no financiarán "en ningún caso" medidas preventivas que la evaluación de riesgos imponga como obligatorias.
Las subvenciones para contratar servicios de atención psicológica y musculoesquelética en las pymes es, según el texto, "una prestación de bienestar adicional y complementaria, que no sustituye al servicio público de salud, a ninguna actividad preventiva obligatoria ni exime de responsabilidad por su incumplimiento. (...) Traslada a la pyme, mediante apoyo público, el estándar de servicio que la gran empresa ya proporciona a sus cuadros de personal".
La ayuda a la sustitución en microempresas y autónomos durante bajas de larga duración estará "condicionada" a la conservación del puesto y a facilitar la reincorporación, y habrá además ayudas "de tramitación rápida" ligadas a una persona que se reincorpora tras una baja de larga duración, para inversiones y apoyos que faciliten la vuelta al puesto "y excedan las obligaciones legales de la empresa": herramientas, elevador, software u otros equipamientos de apoyo.
El documento también establece medidas para mejorar el clima laboral, con formación gratuita para cargos intermedios y la elaboración de un catálogo de "modelos tipo de flexibilidad interna", con referencia a bolsas de horas, ajustes horarios, flexibilidad horaria, cambios temporales de tarea o cuadrantes "saludables", entre otros aspectos. Su aplicación en la empresa se realizará conforme a lo previsto en la negociación colectiva y en la normativa laboral vigente.
El eje de mejora en la atención sanitaria se refiere a cómo funcionarán las unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos y salud mental, con médico consultor, y desarrolla el "refuerzo" de la colaboración con las mutuas para la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.
El documento, además, establece "circuitos de recuperación funcional por patología" y habla de un protocolo de revisión clínica "integral y proactiva", entre otras medidas.
Del total del presupuesto del plan, el eje 1, de refuerzo de la prevención y del bienestar laboral, se lleva 17,75 millones; el 2, de mejoras en la atención sanitaria y en los procesos de gestión y seguimiento de la incapacidad temporal, 26,03 millones y el 3, de corresponsabilidad y uso responsable del sistema, 750.000 euros. También habrá 495.000 euros para instrumentos transversales de gobernanza.
Mesa sectorial
La Mesa Sectorial de Sanidad, por otro lado, analizó ayer la reforma de las condiciones retributivas de los profesionales de atención primaria propuesta por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) que busca "alcanzar un modelo más equitativo" y con complementos adaptados a la complejidad asistencial y la realidad demográfica de Galicia.
El nuevo modelo tendrá en cuenta, además del volumen de población asignada a cada profesional, la complejidad de los pacientes y las condiciones en las que se presta la asistencia. De esta forma, las tarjetas sanitarias de medicina de familia, pediatría y enfermería se ponderarán según la edad de los pacientes, teniendo más peso en el cálculo aquellos que requieren mayor intensidad asistencial.
La Xunta concreta que una tarjeta sanitaria de un menor de 0 a 2 años o de una persona de 81 o más años tendrá un peso tres veces superior al de una tarjeta estándar, mientras que las correspondientes a los tramos de 3 a 6 años y de 66 a 80 años tendrán un peso doble. Este componente va ligado a la población atendida, adaptando el cálculo a las características de cada categoría profesional y a la población de referencia.
El Gobierno gallego concreta en un comunicado que también se contemplan diferentes compensaciones económicas para los profesionales que desempeñan su labor en municipios que dispongan de una única plaza y cuenten con un número mínimo de tarjetas asignadas, teniendo en cuenta las condiciones en las que los profesionales desarrollan su trabajo.
Así, se tendrá en cuenta la dispersión geográfica, diferenciando entre quién presta asistencia en varios centros de un mismo municipio, quién debe desplazarse entre centros durante una misma jornada o quién trabaja en centros situados en distintos municipios. La mayor dispersión y necesidad de desplazamiento, mayor será el reconocimiento retributivo que se propone.