El Parlamento gallego ha instado a la Xunta a exigir al Gobierno central las actuaciones necesarias para asegurar el mantenimiento de los 1.400 MW de evacuación de la central térmica de carbón de As Pontes en el nudo de transición justa, así como la convocatoria urgente del correspondiente concurso, y los 560 megavatios en Meirama.

Esto en un texto en el que se demanda dar respuesta a las necesidades de proyectos energéticos e industriales en estas zonas. El mismo ha salido adelante tras no aceptar los nacionalistas una enmienda de los socialistas, pero sí llegarse a un acuerdo sobre la presentada por el PP en relación a uno de los seis puntos que incluía la del BNG, saliendo adelante el primero, el relativo a las demandas en materia de megavatios y el concurso de transición, y no los demás al no respaldarlo la formación popular.

Esto después de que el diputado del BNG José Manuel Golpe defendiese el contenido de la moción con reivindicación de un plan de reactivación económica industrial para As Pontes y promover la dotación de suelo industrial.

Críticas a la Xunta

"Menos empleo y menos oportunidades y qué hace la Xunta ni plan, ni ambición ni liderazgo", ha sentenciado para asegurar que "un Gobierno serio lideraría un plan de industria para la comarca". Sin quitar "responsabilidades" al Ejecutivo central, ha cuestionado cómo se tramitan los fondos de transición justa por parte de la Administración gallega "sin dar prioridad a estas zonas".

Desde el PSOE, la diputada Patricia Iglesias ha denunciado el "fracaso estrepitoso" de la política industrial y ha contrapuesto los fondos movilizados por el Estado frente a lo que ha calificado como "propaganda" del Ejecutivo autonómico.

"El responsable de esta situación de bloqueo en la zona de transición justa es el Gobierno central", ha sentenciado, a su vez, el parlamentario del PP Rubén Lorenzo, que solicitó ampliar a Meirama las demandas planteadas al Gobierno central como recogía el texto de la enmienda popular.

Violencia de género

Otro de los asuntos llevados al pleno del Parlamento gallego, en la sesión de esta jornada, ha sido el refuerzo de medidas en la lucha contra la violencia de género, en una moción defendida por la parlamentaria nacionalista Noa Presas, que pidió que se evalúe el "repunte" de la violencia machista y se hagan públicos los datos de los centros de crisis 24 horas, "que no están siendo útiles".

En su intervención, la diputada del BNG ha sido muy crítica con la política de la Xunta en esta materia. "Sabiendo de la importancia de la sensibilización no lo hace y elimina la materia de igualdad en el aula", ha reprochado para cuestionar también el papel de los integrantes del Gobierno gallego en relación a la denuncia contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por supuesta agresión sexual.

Al texto, se presentaron sendas enmiendas, una del PSOE reclamando un incremento del presupuesto, y otra del PP, en la que se pedía seguir ampliando y reforzando los programas. La primera fue aceptada por los nacionalistas, no la segunda por considerarla una mera "declaración", aunque su moción tampoco salió adelante al no contar con los apoyos necesarios.

Esto tras un debate en el que la diputada socialista Paloma Castro ha incidido en "poner el foco en la prevención" y en la que ha demandado la asunción de "más responsabilidades" a este respecto por parte de la Administración autonómica.

Desde las filas del PP, su diputada Raquel Arias ha instado a las víctimas a denunciar y ha sostenido que la Xunta respalda las medidas de prevención. Entre otras actuaciones, ha citado el "incremento" de las ayudas y la red de entidades locales contra la violencia de género.

Transporte escolar

A su vez, el parlamentario socialista Julio Abalde ha defendido una moción sobre el transporte escolar en Galicia en la que ha denunciado "incidencias" y "quejas de los padres" y ha rechazado que sean "situaciones puntuales", además de incidir en la existencia de centros que recortan jornada escolar para "adaptarse", ha dicho, al horario del citado transporte.

Además de pedir aprovechar el nuevo contrato en licitación para mejorar el servicio, ha solicitado un protocolo de resolución de quejas para dar respuesta a la ciudadanía en un plazo inferior a un mes y remitir informes al Parlamento gallego sobre las citadas quejas.

La iniciativa no prosperó por los votos en contra del PP. Su diputada Cecilia Vázquez limitó a un centenar las quejas recibidas el curso pasado en el transporte compartido y el mismo número en el escolar frente a un número de "80.000 alumnos y alumnas".

"No hay que confundir alguna incidencia puntual con mala gestión", ha argumentado frente a los reproches también desde el BNG. Paulo Ríos, su diputado, ha considerado que no se están dando por parte de la Xunta "soluciones" a problemas, especialmente en el rural.