A Coruña ha vivido en las últimas horas una serie de disturbios y actos vandálicos tras una protesta contra la "represión policial" durante los incidentes registrados después de un acto de Vox en la plaza de María Pita. Los acontecimientos se han producido en un momento de incertidumbre institucional, tras la dimisión de Obdulia Taboadela como subdelegada del Gobierno para encabezar las listas por la provincia en las elecciones del 29N.
Durante la mañana del miércoles se produjo un primer altercado en la plaza de María Pita que, según la información disponible, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, con cargas por parte de estos últimos. Por la tarde, se convocó a las 19:30 una nueva concentración ante la sede de la Subdelegación del Gobierno para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Un acto que se llevó a cabo sin que la Delegación del Gobierno tuviera conocimiento de la convocatoria y que fue precisamente allí donde, tras la concentración de la tarde, se vivieron los momentos más tensos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional de la jornada.
Esta mañana, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, atribuía los episodios de violencia vividos este miércoles en la ciudad a "grupos organizados", en una rueda de prensa de urgencia celebrada tras los disturbios, y confirmaba que la Policía Nacional ya trabaja para identificarlos.
La noche se saldó con 30 contenedores calcinados, nuevas cargas policiales, una persona detenida y un agente de la Policía Nacional herido con contusiones, así como varias personas heridas leves.
Los disturbios se producen en un momento de vacío en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, tras la dimisión de Obdulia Taboadela, que ocupaba el cargo desde el pasado 11 de septiembre y lo abandonó a petición propia para encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia en las próximas elecciones.
En este sentido, Blanco insistía esta mañana en que "las concentraciones y manifestaciones no se autorizan afortunadamente en el sistema democrático en el que vivimos, simplemente se comunican a la autoridad, en este caso a la subdelegación de A Coruña, que toma conocimiento del ejercicio de ese derecho constitucionalmente reconocido".
Por ello, ha aclarado que el Gobierno solamente se puede modificar o prohibir este tipo de actos "en aquellos casos tasados en los que exista un informe desfavorable de algún organismo".