La Justicia de Filipinas ha decidido mantener abierto el procedimiento penal por la muerte del coruñés Diego Bello Lafuente, fallecido por disparos policiales en enero de 2020 en la isla de Siargao. El Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila ha rechazado la petición de los tres agentes acusados de asesinato, que pretendían que se archivase la causa al considerar que las pruebas presentadas por la acusación no eran suficientes para sostener una condena.
La resolución, fechada el 13 de octubre de 2026, permite que el proceso siga adelante después de que la Fiscalía filipina y la representación legal de la familia aportasen sus pruebas. El tribunal considera que los elementos reunidos hasta el momento justifican mantener los cargos contra los policías, aunque todavía no existe una sentencia definitiva y los acusados conservan su derecho a presentar pruebas en su defensa.
Bello tenía 32 años cuando murió el 8 de enero de 2020, durante el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte. Desde entonces, sus familiares mantienen una batalla judicial para esclarecer lo sucedido y conseguir que los responsables respondan ante la Justicia.
Las pruebas contradicen la versión de los policías
Los tres agentes sostienen que la muerte del joven se produjo durante una operación antidroga, en la que, según su relato, Bello habría disparado contra ellos y les habría obligado a responder en legítima defensa. Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI) han puesto en cuestión aspectos esenciales de esa explicación.
Los investigadores analizaron, entre otros elementos, los casquillos recogidos en el lugar de los hechos, las armas reglamentarias de los policías, las trayectorias de los proyectiles y los resultados de la autopsia. Estas pruebas forman parte de la reconstrucción que la acusación defiende ante el tribunal y que sustenta la continuidad del procedimiento por asesinato.
Uno de los aspectos centrales del caso es la posición en la que se encontraba Bello cuando recibió el disparo mortal. La acusación sostiene que el joven estaba sentado o semisentado en el suelo en ese momento y atribuye el último disparo a uno de los agentes procesados. Aunque no existe un testigo presencial que haya observado directamente ese instante, el tribunal considera que los indicios reunidos permiten mantener la imputación en esta fase del proceso.
La causa incluye también la presunta colocación de pruebas falsas para justificar la actuación policial. Los tres agentes están acusados de situar un arma junto al cuerpo del coruñés con el objetivo de presentar su muerte como resultado de un enfrentamiento armado. Según la acusación, la pistola encontrada no figuraba a nombre de Bello, sino de una entidad jurídica cuya relación con el joven no ha quedado acreditada.
Casi siete años de reclamaciones de la familia
La decisión judicial supone un nuevo avance para los familiares de Diego Bello, que llevan años reclamando que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. El procedimiento ya había registrado otro hito el 27 de mayo de 2025, cuando el mismo tribunal rechazó conceder la libertad bajo fianza a los tres policías acusados.
Con la presentación de las pruebas de la acusación concluida, las defensas trataron de conseguir el archivo del caso antes de que avanzase hacia las siguientes fases procesales. La negativa del tribunal implica que los agentes tendrán que continuar afrontando el procedimiento, en el que podrán exponer sus argumentos y aportar elementos de descargo.