La Audiencia Nacional ha confirmado la negativa a prorrogar la concesión del edificio de La Terraza de Sada. La resolución desestima el recurso presentado por la familia al frente de la concesión, otorgada originalmente en el año 1922 cuando este edificio se trasladó desde la ciudad de A Coruña, donde estuvo instalada en los jardines de Méndez Núñez.

Hace 104 años, se otorgó una concesión para instalar aquí "un kiosco para la venta pública de café, refrescos y licores" en una edificación "de madera y cristal" en la playa de Sada.

Años después y con varias transferencias de por medio, la última solicitud de la prórroga data de mayo de 2017 al amparo de un artículo de la Ley de Costas, un año antes de que venciese el plazo de una prórroga extraordinaria que extendía la concesión hasta 2018. Esta última se aplicaba por ser una concesión vigente antes de julio de 1988 establecida inicialmente por tiempo indefinido, marcando un nuevo plazo de 30 años.

Entre sus argumentos, los titulares de la concesión afirmaban en el último recurso ser titulares del edificio y que el terreno que este ocupa, de unos 556 metros cuadrados, forma parte del paseo marítimo de Sada pero no en primera línea de mar, sino como parte de la malla urbana.

Sin embargo, la Audiencia Nacional recuerda que la prórroga extraordinaria que terminó en el 2018 no es susceptible de un nuevo plazo, al entender que ya se ha cumplido su función compensatoria.

Además, explica que la Administración puede denegar la prórroga "por razones de interés general".

Entre estas, la Audiencia Nacional considera que la concesión "afecta negativamente a la playa y al ecosistema Dunas de Guardamar", que forma parte de la Red Natura, por lo que argumenta razones ambientales y de protección del litoral para denegar la prórroga. Asimismo, cita problemas de seguridad para las personas en el mantenimiento de estas concesiones que podrían derivar en el cierre justificado de la playa, contrario al fin de garantizar el uso público del mar y de su ribera.

A todo esto, la Sala añade que los titulares de la concesión eran conocedores de que la prórroga del 2018 fue otorgada para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, por lo que desmonta su argumento de que La Terraza está ubicada fuera de la primera línea de playa.

Además, el escrito también recuerda que La Terraza es un Bien de Interés Cultural desde su declaración en el 2020 por parte del Gobierno gallego debido a los "valores propios del inmueble, su singularidad, su recorrido histórico y sus características artísticas y arquitectónicas, además de sus valores identitarios y materias que no sólo la hacen reconocible, sino que ejemplifican un deseo social de pertenencia y reconocimiento".

Teniendo esto en cuenta, ya en el 2022, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya había desestimado un recurso similar de los concesionarios, el Concello de Sada reclamó a la administración estatal y autonómica una reunión para rehabilitar el inmueble.

El objetivo del gobierno municipal es el de obtener la titularidad y gestión pública de este bien, para garantizar así su conservación, preservación y puesta en valor; algo a lo que se abre la puerta con esta última resolución de la Audiencia Nacional.

Esta sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación.