El PP en A Coruña pidió en el Pleno de marzo, a través de una moción, la anulación del acuerdo transaccional del Gobierno local con la concesionaria de la planta de residuos de Nostián, Albada, para abonar a la empresa 8,3 millones de euros por la basura no reciclable (rechazos) generada desde 2015. La iniciativa fue rechazada por el apoyo del PSOE y el BNG a una enmienda de sustitución que anuló la moción del PP. Los populares avanzaron entonces que llevarían el acuerdo a los juzgados, al interpretar que el Ejecutivo municipal estaba perdonando 7,3 millones a Albada. El juez acaba de admitir a trámite la demanda de los conservadores.
El portavoz del grupo popular, Miguel Lorenzo, anunció esta mañana la decisión del juez respecto al recurso presentado para declarar nulo el acuerdo del Gobierno local de condonar 7,3 millones a la concesionaria de tratamiento de basura “por no beneficiar a los coruñeses”. El PP exige responsabilidades a quienes aprobaron el pacto.
"Sin daño al interés público"
En el Pleno de marzo, el portavoz del Gobierno socialista, José Manuel Lage Tuñas, expuso, sin conocimiento previo del PP, que una juez había remitido al Concello una disposición que homologa el acuerdo transaccional establecido con la concesionaria de la planta de basuras. Según ese auto, la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña, no aprecia en el acuerdo con Albada "vicio de ilegalidad ni lesión de interés público ni de terceros", por lo que declara "terminado" el procedimiento y devuelve el expediente a la administración demandada.
Sin embargo, el PP no descartó la vía judicial para exigir la invalidez del pacto y un mes y medio después otro juzgado admite su demanda. "Un juez validó la transacción, pero no ha dictado una sentencia sobre el fondo del asunto", expone Lorenzo.
"Al juez le llevan un acuerdo y si lo presentan las partes en litigio, es legal, no hay perjuicio de terceros en el sentido jurídico, no en el coloquial, no tiene más obligación que aprobarlo. Pero que lo haya aprobado no quiere decir que beneficie a los coruñeses, que es algo sobre lo que he pedido explicaciones y nadie las ha dado a día de hoy", reclama el portavoz del PP. "Por tanto, exigiremos en nuestra demanda que se anule este acuerdo. Es dinero público, no de Lage Tuñas o Inés Rey".
Discordia por las cifras
El PP se apoya en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de febrero de 2024 en el que se aprueba reclamar a Albada 15,6 millones de euros por la gestión de los rechazos, de acuerdo con “todos los informes que avalan la reclamación, tanto los de las concejalías como los de la Asesoría Jurídica y del Interventor municipal”.
Lage defendió en el Pleno de marzo que pedir 15,6 millones era una "estrategia de máximos", pero añadió que el informe de la asesoría jurídica del Concello señala que no está asegurado que se puede cobrar esta cantidad por los rechazos si el asunto acaba en los tribunales. La suma, añadió el portavoz, podría bajar hasta los 4,8 millones más intereses.
"La negociación fue beneficiosa para el Concello. No se condonó nada", explicó Lage, que dijo que la sentencia de 2018 que anuló el acuerdo con la gestora por el que el Concello pagaba por los rechazos desde 2011 no aclaraba que la deuda acumulada de la empresa fuese cifrada en los 15,6 millones que el PP exige recuperar en su totalidad.