El mes pasado, durante una rueda de prensa, la portavoz de Exteriores de China afirmaba que "el comercio no debe ser utilizado como una herramienta ni como un arma".
Estas declaraciones fueron realizadas en el contexto del posible boicot comercial con el que Donald Trump amenaza a España por su posición de no permitir a los Estados Unidos el uso de bases militares españolas para lanzar ataques contra Irán.
Resulta cuanto menos irónica semejante afirmación, considerando que instrumentalizar el comercio es una táctica habitual de Pekín, cuyas consecuencias las han sufrido tanto países de nuestro entorno europeo, como Noruega o Lituania, y del Indo-Pacífico, como Australia o Corea del Sur.
España no es ni mucho menos ajena a las coacciones económicas de China, aunque nuestra memoria colectiva parece que ha borrado, convenientemente, episodios como el de 2014.
Entonces, el Gobierno español se vio forzado, bajo presión de Pekín, a liquidar la jurisdicción universal cuando la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de arresto contra el expresidente Jiang Zemin y otros altos cargos, por el genocidio en el Tíbet.
Años después, el ya exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo reconocía en una entrevista que el entonces embajador chino le preguntó "si sabía la deuda pública española que tiene China". Y que mientras le intentaba explicar al diplomático asiático la separación de poderes y la independencia del poder judicial, su interlocutor le "miraba como diciendo: este es imbécil".
De izquierda a derecha Xu Zhenhai, Julia Zhang Zhenrong, Xu Songhua y Liu Guangxin con la carta de protesta que entregaron en el Ayuntamiento de Madrid.
Otro episodio ocurrió tras la invitación que la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le transmitió al actor Richard Gere para que el Dalai Lama asistiese al Foro sobre Violencias Educación para la Paz, que organizaba el Ayuntamiento.
Unos días después de cursar dicha invitación, una delegación de la diáspora china se presentaba en dicho consistorio para hacer entrega de una carta de protesta.
La delegación estaba encabezada por Xu Songhua, presidente de la Promotora de la Reunificación Pacífica en España; Xu Zhenhai, vicepresidente de la Promotora; Julia Zhang Zhenrong, presidenta de la Fundación Orient y asesora legal de dicha Promotora; y Liu Guangxin, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Chinos en España.
Hay que subrayar que varios de los nombres anteriormente mencionados aparecen listados en una investigación periodística internacional, que contó también con participación española, sobre el llamado Departamento de Trabajo del Frente Unido de China.
Se trata de un órgano del Gobierno que se sirve de "emigrados chinos en todo el mundo, España incluida, para hacer amigos, prevenir la aparición de adversarios y apretar las clavijas a quienes no aceptan sus reglas".
Las actividades extraterritoriales de este Frente Unido se coordinan con las embajadas chinas en el extranjero, a fin de manipular el entorno político en los respectivos países para lograr resultados favorables a las preferencias de Pekín.
"Instrumentalizar el comercio es una táctica habitual de Pekín. Y España no es ni mucho menos ajena a las coacciones económicas de China, aunque nuestra memoria colectiva parece haberlo borrado"
En la carta de "enérgica protesta por la invitación al separatista tibetano", dirigida a la alcaldesa Manuela Carmena, se apelaba a las cuatro décadas de relaciones entre España y China, en las que "los intercambios políticos, económicos y culturales se han fortalecido continuamente, y las relaciones de cooperación amistosa se han profundizado constantemente".
Dentro de esos intercambios, se señalaban especialmente los económicos y tecnológicos, y la expansión de inversiones bilaterales, también se ponía énfasis en el aumento del número de turistas chinos que visitan España.
La misiva concluía con un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid a "mantener las relaciones amistosas (entre ambos países), no dañar la dignidad del pueblo chino, ni dañar el sentimiento del pueblo chino".
Al mismo tiempo, se recalcaba que los residentes chinos en suelo español respetan la "dignidad de España, la cultura tradicional de España", así como las "leyes y las normativas de España".
Ni que decir tiene que el Dalai Lama no acudió al foro al que había sido inicialmente invitado.
Fuente: Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Provincial de Zhejiang del PCCh, febrero 2017.
También la Universidad de Salamanca sufrió coacción cuando en 2017 la embajada de China, vía correo electrónico, exigió la cancelación de unas jornadas culturales.
Le recordó que, "debido a la gran importancia que el Gobierno chino ha concedido a las relaciones con la Universidad", su Ministerio de Educación había incluido a dicha institución en el directorio de recomendaciones.
Y así "muchos investigadores visitantes chinos realizan intercambios en la USAL, y muchos alumnos chinos estudian allí".
En el email se incidía en que "no consentían la celebración de dicho evento en la Facultad de Ciencias Sociales".
Y se encomiaba a la universidad a "tomar medidas prácticas" para evitar que "se afecten las buenas relaciones cooperativas con China", amén de recurrir a cuestiones territoriales de España como punto vulnerable para un mayor efecto en la coacción.
Las jornadas culturales fueron canceladas.
Fuente: @Xiani_PCh vía X/Twitter, agosto 2018.
En febrero de 2025, en el Congreso se registró una proposición no de ley para debatir en la Comisión de Exteriores la "distorsión de la Resolución 2758 de las Naciones Unidas por parte de la República Popular de China".
Dos semanas después, el embajador de China publicó en un medio español, en una sección cuyo contenido está ofrecido por la propia embajada, un artículo en el que defendía con afirmaciones propagandísticas la posición de Pekín sobre dicha resolución.
El escrito también hacía mención al 20° aniversario de la Asociación Estratégica Integral China-España que se celebraba el año pasado.
Y remarcaba la disposición de la parte china para trabajar junto con la parte española, a fin de "salvaguardar la autoridad y eficacia de la Resolución 2758 y forjar una relación estable y duradera China-España con certidumbre estratégica, en beneficio de ambos países y pueblos".
Artículo publicado por el embajador de China en 'El Periódico de España'.
Durante la sesión de la Comisión de Exteriores celebrada ese mismo mes de febrero, quedó registrada una intervención en la que se denunciaba que la embajada de China había enviado una nota verbal a todos los integrantes de dicha comisión.
En ella se hacía referencia a la mencionada PNL sobre la Resolución 2758 de la ONU, y se instaba a no aprobar la proposición.
La nota también aludía a "los efectos que tendría sobre la tradicional amistad entre España y la República Popular China" de llevarse a cabo la aprobación.
En la denuncia se requería al presidente de la Comisión que instase a la presidenta del Congreso de los Diputados a responder a la Embajada de Pekín, declinando seguir su consejo.
La proposición no de ley nunca fue debatida. Tampoco hay constancia de que se hiciera el requerido seguimiento de la cuestión, ni de que se volviera a mencionar este asunto en la Cámara.
En noviembre del año pasado el Rey concluía su visita oficial a China con un acto ante la comunidad española residente en el país asiático, afirmando que España seguirá "defendiendo sus valores, los de la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos".
Sin embargo, la casuística muestra que cuando nos topamos con Pekín, esa disposición y buena voluntad para defender nuestras herramientas de protección internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión en nuestras instituciones democráticas como universidades o ayuntamientos, o la soberanía nacional que el pueblo español ejerce a través de las Cortes, queda meramente en palabras vacías.
Es decir, queda a merced de las coacciones que China ejerce, exprimiendo la vulnerabilidad a la que nos expone la "dependencia estratégica" que sufrimos. Una dependencia que continuamos fomentando activamente.
*** Shiany Pérez-Cheng es analista en propaganda, desinformación y operaciones de injerencia de China.