Existen motivos para pensar que las cloacas del Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, recurrieron a los métodos más abyectos para investigar el botín de los Pujol en Andorra. Al menos, así se desprende de lo declarado el pasado jueves por el principal accionista de Banca Privada Andorrana (BPA), Higini Cierco, a una juez del Principado.

Según este testimonio, en 2014, el entonces responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, le exigió la documentación sobre las cuentas de los Pujol y la que pudiera tener de la familia de Oriol Junqueras y de Artur Mas bajo la amenaza de una intervención inmediata del organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU contra el blanqueo de capitales. Cierco le remitió entonces al consejero delegado de la entidad, Joan Paul Miquel, quien al parecer también fue extorsionado.

La presión a la que habrían sido sometidos ambos por este comisario y otros mandos policiales como Eugenio Pino, Celestino Barroso y Bonifacio Díaz fue -siempre según la declaración- constante. De hecho, el citado Bonifacio Díaz llamó al teléfono del marido de una secretaria de la entidad para que instara a su mujer a bajar a un bar a recibir una llamada. Una vez en el lugar acordado, un desconocido entregó a ésta un móvil. Al otro lado de la línea alguien le conminó a convencer a los responsables financieros a plegarse al mencionado chantaje "o el banco morirá". Joan Pau Miquel accedió a reunirse con los citados policías en Madrid y también fue amenazado con una intervención del Tesoro de EEUU.

El recurso a la llamada anónima fue la misma táctica que se empleó en el chivatazo a ETA del denominado 'caso Faisán' para frustrar una redada contra el aparato de extorsión de la banda. La lucha contra el crimen no justifica unos métodos más propios de bandas mafiosas que de los cuerpos de seguridad del Estado. No es casual que las acusaciones sobre este tipo de prácticas recaigan siempre sobre los mismos mandos en los últimos años. Interior debe investigar este asunto hasta sus últimas consecuencias para erradicar por completo este tipo de prácticas y expedientar a sus autores. El fin no justifica los medios.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, Pedro Sánchez va a intentar reformar la Ley Electoral para acortar a la mitad los 15 días de campaña. De salir adelante esta modificación, que ya apoyan Podemos y Ciudadanos, la hipotética convocatoria de terceras elecciones caería el 18 de diciembre en lugar del día de Navidad como había previsto Rajoy.

Es decir, la oposición estaría a punto de desbaratar el chantaje del PP exonerando a los españoles de tener que votar el 25-D. La reforma es razonable en términos jurídicos, como defienden Enrique Arnaldo y otros destacados juristas. Bastaría con tramitar una modificación de urgencia del artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

El Partido Popular ha reaccionado de manera desabrida y ha calificado como "escandaloso" el hecho de que el resto de partidos piense en las terceras elecciones. Lo escandaloso en todo caso es pretender coaccionar a la sociedad con la amenaza de tener que votar en Navidad.

Aunque el PP sería innecesario para sacar adelante esta modificación normativa, no apoyarla  dejaría al partido con las vergüenzas al aire y demostraría como han manipulado los plazos electorales. Más aún cuando entre los populares hay dirigentes que también prefieren campañas más cortas y baratas, como ha defendido este jueves Crístina Cifuentes.