La alcaldesa de Barcelona ha pasado de ser una ferviente defensora de las huelgas a considerarlas "desproporcionadas". El pasado viernes, Ada Colau se hizo cargo personalmente de las negociaciones con los sindicatos de los trabajadores del metro de la Ciudad Condal para intentar frenar el cese de los servicios convocado para esta semana. Sin embargo, la mediación de la alcaldesa no sólo ha sido un fracaso, sino que también ha causado polémica: en la reunión de este lunes ha afirmado que "todo el mundo sabe que una huelga es incompatible con una mesa de negociación", lo que no ha sentado nada bien a los sindicatos. Resulta paradójico que la exactivista, famosa por su participación en las huelgas de la FNAC y Movistar, se muestre ahora en contra de las mismas tácticas que ella utilizó durante años. Su caso recuerda al del delegado de Seguridad de Ahora Madrid Javier Barbero, quien en 2011 participó en un escrache en contra de la toma de posesión de Alberto Ruiz Gallardón y cuatro años después ha tildado de fascistas a un grupo de policías retirados por acosarle a él. Tanto Colau como Barbero parecen haberse dado cuenta de que es muy distinto estar en la oposición que al frente de las responsabilidades del Gobierno.

La estrategia defensiva de un acusado de abusos sexuales a menores y exhibicionismo a través de internet, que pidió que se anularan las pruebas contra él porque habían sido recabadas por la madre de una de las víctimas en Facebook sin el consentimiento de la pequeña, ha obligado a pronunciarse al Supremo. El Alto Tribunal, que preside Carlos Lesmes, ha avalado el derecho de los padres a espiar las cuentas en redes sociales de sus hijos si entienden que corren riesgo de ser víctimas de abusos. Todas las legislaciones protegen la privacidad de los menores, pero es lógico que este derecho ceda ante otros intereses constitucionales protegibles: sobre todo cuando los padres temen por su seguridad. En España los menores de 14 años necesitan el permiso de sus padres para entrar en alguna comunidad de internautas. Sin embargo, tampoco hay controles exhaustivos para comprobar que los datos de los registros son ciertos. Es importante que los padres supervisen la actividad de sus hijos en internet y que las empresas en la red se tomen más en serio la seguridad de los usuarios más jóvenes.

Según los últimos datos, la mayoría de los bolivianos ha votado "no" en el referéndum que se ha celebrado este domingo para decidir sobre un cambio constitucional que permitiría a su presidente, Evo Morales, presentarse a nuevas elecciones por tercera vez consecutiva. Estas son buenas noticias para el país. Bolivia lleva una década creciendo a un ritmo estable, y durante la administración de Morales el número de personas en situación de pobreza extrema ha disminuido del 37% al 19%. Sin embargo, estos logros económicos se han visto ensombrecidos por un creciente autoritarismo, como demuestra la inhabilitación de candidatos opositores o lo ocurrido este mismo domingo: en las zonas más críticas con el Gobierno, las mesas electorales abrieron mucho más tarde que en el resto del país. De haberse ganado el referéndum, Morales hubiese podido seguir en el poder hasta el año 2025, lo que en total hubiese significado un mandato de 20 años. Esto resulta inadmisible en cualquier democracia. Los electores bolivianos han hecho bien en no permitir esta posibilidad. Ahora el deber de su presidente es acatar la voluntad de las urnas.