El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la presentación de EDINT.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la presentación de EDINT. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Tecnología

Va a entrar en vigor: los usuarios podrán pedir un descuento en su factura de Internet del 25% y descargas más rápidas

La nueva norma que desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones impondrá nuevas obligaciones a las operadoras de Internet.

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Internet va a cambiar en España. Nuestro país ya se encuentra en los primeros puestos mundiales en lo que respecta a conectividad, ya sea a través de fibra óptica, 5G o satélite, pero ahora el Gobierno quiere mejorar la accesibilidad del servicio.

Para ello, la Moncloa ya ha aprobado un real decreto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar el acceso a Internet, especialmente para los más desfavorecidos, además de mejorar la calidad de la conexión.

En concreto, el texto se centra en mejorar el llamado Servicio Universal de Telecomunicaciones, que existe desde el 2005 pero que claramente se ha quedado atrás respecto a los avances tecnológicos de la última década.

En la actualidad, este servicio universal está disponible como una opción de bajo coste para acceder a Internet que se puede contratar a través de Movistar, pero con serias limitaciones como una velocidad máxima de 10 Mbps y un volumen máximo de datos de 45 GB al mes, a todas luces insuficiente para el uso actual de Internet.

Movistar solo está obligada a ofrecer este servicio hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, que es cuando caduca la normativa actual; por eso, el Gobierno prevé que la nueva normativa entre en vigor el próximo 1 de enero de 2027.

Con las modificaciones a la ley, el Gobierno va a obligar a todas las operadoras a ofrecer este servicio universal para que los consumidores no estén obligados a contratarlo con Movistar y puedan elegir la compañía que mejor cobertura y servicio ofrece en su zona.

De la misma manera, estas compañías estarán obligadas a aplicar un nuevo descuento mínimo del 25% sobre el precio habitual como parte de unas nuevas "tarifas sociales" que están dirigidas a colectivos vulnerables.

Las personas que cumplan las condiciones, incluyendo aquellas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, podrán solicitar a la operadora que les aplique el nuevo descuento del 25% en su factura.

Este descuento se aplicará tanto a la factura mensual, como a la cuota de alta que el consumidor tenga que pagar si es aplicable en su caso.

Además de a particulares de colectivos vulnerables, las tarifas con descuento también se aplicarán a pymes, microempresas y a organizaciones sin ánimo de lucro. También se incluyen protecciones adicionales a usuarios y empresas contra la desconexión de Internet de manera injustificada.

Todas las operadoras españolas tendrán que ofrecer y publicitar estas nuevas tarifas sociales de "manera visible", y aunque algunas ya ofrecen servicios similares de manera voluntaria, ahora será obligatorio para todas.

De la misma manera, la nueva normativa se centra en mejorar la calidad de la conexión, y ahora la velocidad pasará a ser de 100 Mbps, que debería ser suficiente para la inmensa mayoría de las necesidades de los internautas españoles aunque se quede lejos de lo que ya es posible contratar en buena parte del territorio español.

El texto también especifica que la velocidad de subida tendrá que ser de 5 Mbps, y especialmente, impone una latencia máxima de 690 ms, algo que ha sido posible únicamente gracias a la mejora sustancial en la red española con el despliegue de fibra óptica y las nuevas conexiones por satélite.