Cuando finalmente el pasado 30 de Diciembre del 2011 se aprobaba la “Ley Sinde” se le daba el visto bueno no sólo a una ley que ha suscitado uno de los mayores rechazos en la red en España sino también a una de las leyes más ridículas, infames y peligrosas que se han aprobado en este país para regular internet, lo que demuestra que en un campo de futuro la clase política no sólo no está preparada sino que además le sigue entregando el poder a una industria varada en el pasado por encima del interés del ciudadano de a pie.

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Y no sólo eso sino que además se volvía a poner de manifiesto que el gobierno de turno hará lo que sea por aprobar una ley impuesta desde fuera de nuestras fronteras. Pero vayamos por partes.

El canon, la SGAE y el origen del esperpento

Todos sabemos que la Ley Sinde, es una propuesta realizada durante el gobierno anterior y debe su nombre a Ángeles González-Sinde, presidenta de la Academia de Cine que llegaba a hacerse cargo de la cartera de Cultura en Abril del 2009 lo que desde el primer momento ya suponía un ataque a la comunidad internauta que veían como el futuro de internet en nuestro país podía quedar en manos de alguien que bajo el brazo se presentaba con la pregunta “¿Para qué queremos internet a ‘nosecuantos’ gigas?“. Quedaba claro desde aquel momento que quien quedaba al cargo no sólo no haría nada porque el mercado de contenidos evolucionara hacia el futuro de internet sino que sus ideas venían respaldadas por una industria que sigue intentando mantener el control con un modelo de distribución física que ya ha quedado obsoleto.

Seis meses después se confirmaban los temores. La comunidad internauta se encontraba en guerra contra el canon digital, un recargo sobre cualquier soporte físico, e incluso aparatos como móviles, que grababa los productos bajo el supuesto de que se iban a usar para piratear. Daba lo mismo que compraras un CD para grabar tu tesis, o una tarjeta de memoria para las fotos de la boda de un familiar porque según Teddy Bautista, ex-presidente de la SGAE, igual que existe la presunción de inocencia (algo a lo que tanto se ha agarrado ahora) también había que tener en cuenta la “presunción de culpa” según su particular visión de la ley.

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Aprovecho ya que hemos nombrado a la SGAE, a Bautista y las bodas, para recordar el rechazo contra esta sociedad de “gestión” de derechos y su forma de actuar, capaces de infiltrarse en bodas para reclamar dinero por canciones reproducidas, y por las libertades de que gozaban tanto a la hora de las leyes como de mantener el oscurantismo en sus actividades.

En el 2011 Bautista pasaba a disposición judicial por malversación y Sinde que había defendido la gestión de la entidad con el argumento de que “Mozart vivía en la miseria por no tener derechos de autor“, y tras haberse dado de alta como ministra (había vuelto tras su periplo por DAMA, otra entidad de gestión de derechos) se volvía a dar de baja de la SGAE.

Presiones, leyes externas y SOPA a la española

El Canon y criminalizar a todos los consumidores no parecía ser suficiente y es que al parecer las quejas de la industria musical no venían sólo de casa sino que quien más presionaba era EE.UU. representando a las multinacionales que no quieren evolucionar pero tampoco quieren perder el control del negocio. Y es que entre los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks aparecían 115 haciendo referencia a la situación de los derechos de autor en España donde quedaba demostrado no sólo la presión del gobierno americano para que se imponga una legislación en otro país (la Ley Sinde, o esa parte de la Ley de Economía Sostenible pasaba a ser conocida en algunos círculos como Ley Biden-Sinde), sino que además ponía de manifiesto que el PSOE pedía para poder cumplir con su papel que EE.UU. presionara a la posible oposición contra la aprobación de la ley.

Varios partidos apoyaban su aprobación directamente y otros como el PP jugaban primero la carta electoral con su negativa a la misma para poco después girar 180 grados y cruzar los dedos para que el gobierno saliente les solucionara esa patata caliente; algo que al no producirse les ha llevado a ser ellos los que finalmente aprueben la ley al poco de llegar al poder. Lo que tampoco coge por sorpresa tras la designación de Jose Ignacio Wert como ministro de cultura que se ha estrenado comparando en sus manifestaciones a la Ley Sinde con la lucha contra el narcotráfico.

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Con ello se demuestra que independientemente del color los gobiernos ponen por delante el recibir ese palmadita en la espalda de EE.UU. (que a su vez defiende al viejo dinosaurio musical) permitiéndoles cumplir con su plan a largo plazo para España.

Por supuesto los pasos dados por EE.UU. no pueden pillar por sorpresa a nadie si tomamos en cuanta primero su legislación sobre el copyright con la DMCA, y segundo que en breve votarán la aprobación de SOPA, una ley con la que se otorgan el derecho de bloquear páginas web no sólo en su territorio sino a nivel mundial, o lo que es lo mismo, gozar del control absoluto de internet.

Consecuencias de la Ley Sinde

Ya os hemos explicado el funcionamiento de la Ley Sinde y lo podemos resumir en algo muy sencillo, ya que judicialmente han sufrido varios reveses cuando se han intentado cerrar páginas web con enlaces eliminemos la molestia de que haya que hacer caso al poder judicial. Es decir, ya que por ley el único delito es alojar y distribuir con ánimo de lucro contenido protegido por derechos de autor, nos saltamos la ley con una a nuestro gusto y así simplemente con que una página enlace a cualquier contenido puede ser denunciada y cerrada en 72 horas sin que los jueces puedan decir nada.

La Ley Sinde es defendida  en la mayoría de casos de forma demagoga haciendo alusión a lo mal que lo pasan los artistas, escritores, etc, hilvanando un discurso en que se asocia piratería musical con droga o incluso trata de blancas, o directamente a que la ley es necesaria para no matar la Cultura sin entrar en ningún caso jamás a valorar que es precisamente el anquilosamiento de la industria de contenidos y su negativa a evolucionar aprovechando las nuevas tecnologías la que más daño está produciendo y que les trae sin cuidado la cultura y los artistas siendo su interés simplemente el asegurarse el seguir teniendo el control sobre los ingresos sin tener que cambiar nada.

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Sin embargo el peligro de la Ley Sinde va mucho más allá del cierre de una web con enlaces de descarga ya que implica el cierre sin intervención judicial de cualquier página denunciada por contener material con derechos de autor lo que nos deja un abanico tan amplio para las denuncias como el mostrar el logo de una compañía en una noticia o yendo más allá el cierre de cualquier web, incluida la de medios de comunicación, si publican material (por ejemplo cualquier filtración) sobre el que se pueda reclamar esos derechos. Llevando el caso al extremo la Ley Sinde permitiría en última instancia denunciar y si no cerrar al menos bloquear el acceso desde nuestro territorio a páginas como Google.

Independientemente de defensas trasnochadas como la de algunos personajes que no merecen mucho más comentarios (la intervención de Lucía Etxebarría junto a David Bravo en RNE es un ejemplo muy claro) la estulticia de quien ve en la Ley Sinde la solución a la piratería ya quedó demostrada por David Bravo con su experimento #TablaSinde (haciendo buena la frase de “Cuando el sabio señala al cielo, el necio mira el dedo” o lo que es lo mismo, mirar a la página del enlace en vez de al contenido al final del mismo) por lo que si esta ley que pretende combatir la piratería con el cierre de páginas precisamente falla desde su base, ¿cuál es la herencia que nos ha dejado la anterior ministra?.

De todas formas da lo mismo demostrar una y mil veces las falacias de las afirmaciones en las que basan la necesidad de sus leyes cuando se recuerda casos como el de Pablo Soto y la denuncia por la creación de software de intercambio vía p2p, un protocolo que no es ni más ni menos que eso, un protocolo para poder enviar cualquier tipo de archivo y que sin embargo siempre intenta demonizarse y convertirlo en el culpable del fracaso de la industria musical, algo tan estúpido como intentar acusar al inventor del cuchillo porque hay quien lo usa para matar.

Aún así, y aunque judicialmente al final la lógica gane y se llegue a la conclusión de que un protocolo de intercambio en la red es sólo eso, un protocolo, y que un software que lo use es sólo eso, un software, hay quien sigue poniendo el grito en el cielo mientras asegura que el resultado del juicio en un clavo en el ataúd de la música… con lo que una y otra vez volvemos a lo mismo, cualquier avance, cualquier evolución, será siempre rechazada y si no es posible frenada por todos los medios posibles si supone una amenaza contra el modelo de negocio vigente. Y es que si nos fijamos de eso se trata cuando hablamos de un modelo de negocio y de la industria musical… de un negocio y una industria, jamás de la música ni de la cultura.

Reacciones a la Ley Sinde

Como ya os hemos dicho incluso el Canon Digital se encontró con una fuerte oposición de la sociedad ya que imponer una tasa de compensación a cobrar por adelantado en previsión de que fueras a usar el soporte para grabar una canción descargada de internet o un dispositivo para reproducirla o una impresora para imprimir libros era ya no sólo matar moscas a cañonazos sino también un menosprecio en la generalización hacia todos los usuarios llegando a perjudicarles al imponerles un gasto extra independientemente del uso que se fuera a dar al material gravado.

La propuesta de la Ley Sinde, aún antes de su aprobación, fue el detonante del #NoLesVotes que señalaba a los partidos que habían apoyado esta ley y servía como punto de partida para denunciar otras prácticas de los políticos que pedían el sacrificio de todos mientras no renunciaban a pensiones vitalicias, vuelos en primera clase, etc, y eso sin entrar a valorar la infinidad de casos de corrupción de todos los colores. Uno de los mayores momentos de rechazo se dio en la #OpGoya donde la gala de entrega de premios del cine español se vio sacudida por las protestas contra la ministra y gran parte de los estamentos del cine incluyendo a actores que habían apoyado la Ley. No podemos tampoco olvidar que muchos de los que protestaron en aquel momento terminarían uniéndose al movimiento de indignación #15M al igual que propuestas como #NoLesVotes, Democracia Real Ya, Jovenes Sin Futuro, etc.

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Con la aprobación final de la ley se ha pasado del #NoLesVotes al #NoLesCompres que llama al boicot contra quienes han apoyado la ley y al #YoSiLesCompro que de forma complementaria apoya a quienes se han mostrado en contra de la ley. Aún así se echa de menos un movimiento mucho más importante como el que en EE.UU. están protagonizando las principales empresas de la red (Google, Yahoo!, Facebook, Foursquare, Twitter, Wikipedia, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal, LinkedIn, OpenDNS, etc) que podrían protagonizar un apagón total de servicios el próximo día 23 de Enero en contra de la aprobación de SOPA.

Así mismo el boicot de la red en EE.UU. contra compañías que han apoyado a SOPA ha tenido resultados tan espectaculares como el protagonizado por GoDaddy, la mayor empresa de dominios, que tras declararse a favor de SOPA veía como se presentaban miles de peticiones para traspasar los dominios a otras empresas, un boicot en toda regla que no sólo conseguía que GoDaddy retirara su apoyo sino que por el camino descubría el doble juego de intereses ya que un acuerdo con la compañía la eximía de la aplicación de la ley contra sus dominios.

Algo que no deja de ser curioso ya que mientras en EE.UU. se lucha contra la aprobación por parte de su gobierno de SOPA España ha pasado a protagonizar portadas gracias al ridículo de aprobar nuestra propia versión de una ley impuesta por el mismo gobierno (incluyendo hasta amenazas al ejecutivo anterior) y acatada por el nuestro (tras un toque de atención al nuevo gobierno).

Lo que está claro, es que hoy en día el Manual de desobediencia a la Ley Sinde del colectivo Hacktivistas está más en vigencia que nunca y como decían los Monty Phyton “nadie espera a la Inquisición española“.