No hace mucho que los políticos aprobaron la polémica ley del spam electoral, que recoge datos de los ciudadanos sin permiso para ofrecer propaganda política en función de sus preferencias ideológicas. Una ley que ha provocado un gran rechazo no sólo entre los ciudadanos afectados sino también por parte de la Unión Europea.

Según un informe difundido este miércoles que habla sobre el tratamiento de datos, los partidos políticos no podrán aplicar tecnologías de macrodatos (“Big Data”)  ni inteligencia artificial para “inferir ideología política” a los ciudadanos, uno de los principales temores de esta ley. Además el texto continúa y habla de la posibilidad de que dichos partidos se conviertan en una especie de “Gran Hermano” para los ciudadanos ya que pueden realizar un perfil ideológico de los votantes y enviar propaganda electoral personaliza a partir de la información que trasladan los ciudadanos en internet. La AEPD afirma que no permitiría que ocurriera esto.

Lo cierto es que parece que llevamos ya tiempo así, porque antes de que se aprobara la ley, los partidos ya recababan nuestros datos.

Los partidos políticos se saltaron a la torera la Ley de Protección de Datos

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El informe reza que “los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores sólo podrán tratar opiniones políticas cuando estas hayan sido libremente expresadas por las personas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a su libertad ideológica”. La ley del spam electoral ha sido un simple trámite para legalizar una práctica que, salvo Podemos, todos los partidos políticos han llevado a cabo: saltarse la Ley de Protección de Datos.

El PSC-PSOE fue condenado en 2017 a pagar una multa de unos 5000 euros por por violar el artículo 6.1 de la LOPD al haber utilizado copias indebidas del censo electoral en un colegio electoral. La pena se redujo hasta los 4 000 euros debido a rebajas aplicables si, por ejemplo, reconocen la culpabilidad (20 por ciento) o por el pago voluntario de la multa (otro 20 por ciento). Por lo cuál, el PSOE se acogió al pago voluntario. En ese mismo año, el mismo partido pagó también 900 euros por haber mandado propaganda electoral por mensajes de texto SM y finalmente en 2015 fue condenado a una multa por importe de 1500 euros por utilizar de forma fraudulenta direcciones de correos electrónicos, obviamente sin permiso.

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Ciudadanos, pese a su “juventud” como formación, también ha estado envuelto en estos asuntos. El partido de Rivera fue condenado por haber hecho un envío masivo de emails sin copia oculta. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) afirma que estaban “visibles las direcciones de todos los destinatarios” del email, que contenía “información relacionada con asuntos del partido”. La infracción se refiere al artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). El partido pagó 3000 euros, pero no fue la única vez.

La AEPD recalca recalca: “no obstante se considera agravante que el denunciado fue sancionado por esta Agencia en septiembre de 2016 y mayo de 2017 por la remisión de correos sin copia oculta”. En total, el partido naranja tuvo que pagar 6 300 euros por estas multas. Otras formaciones como Bildu, el Partido Popular y el partido ARA de Tarragona también han hecho lo propio.

El caso de Bildu resultó en una multa de unos 3 500 euros por utilizar información sobre el lugar de empadronamiento de dos personas, extraídas del censo electoral de las autonómicas del 2016. Esta información se utilizó, según la AEPD, para difundir el vínculo entre esas dos personas, que vivían juntas, acusándolas de favoritismos en la concesión de un contrato, mediante el buzoneo de más de 7 000 folletos en una localidad de Guipuzcoa. Por las rebajas, la multa (calificada como grave) pasó de entre los 40 001 y los 200 000 a 3 600.

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ARA, por su parte, envió un email de propaganda a un correo personal sin ser capaz de identificar de dónde procedía esa dirección de email. La multa que llegó a aparecer en el BOE consistió en 3500 euros que, con las rebajas, se quedó en 2100 euros.

En total, los partidos políticos implicados han tenido que pagar un montante de unos 24 000 euros por incumplir uno o varios artículos de la Ley de Protección de Datos, los mismos partidos que han dado el visto bueno a la ley del spam electoral. De un total de 11 multas, 6 han sido por utilización de datos personales sin el consentimiento de los afectados para fines propagandísticos. 3 ocasiones son las que el PSC, reincidente, aparece denunciado junto a ARA y el PP.

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De las 11 multas impuestas a los partidos políticos, 4 sancionan el mal uso de los correos electrónicos, en este caso, el no poner en copia oculta las direcciones en correos masivos. Ciudadanos es el responsabe de este mal uso de los datos en3 de las 4 ocasiones, siendo el PP la formación que se queda con la última. Hasta la fecha no ha salido información alguna de que las formaciones Unidos Podemos, ERC, PNV, ERC y demás hayan realizado estas prácticas.

Destaca que las rebajas han ayudado en gran medida a que los partidos se sientan impunes en este tipo de prácticas, ya que sale barato saltarse la Ley de Protección de Datos. Con la modificación de esta ley para incluir el tan rechazado spam electoral, ahora dichos partidos tendrán carta blanca para poder obtener nuestros datos sin ningún tipo de penalización.