Ursula von der Leyen
La Unión Europea cambia las normas: los ordenadores portátiles deben ser más fáciles de reparar desde julio
El marco del "Derecho a Reparar" obliga a los fabricantes a suministrar piezas asequibles y amplía un año la garantía.
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Tras unificar los cargadores mediante el puerto USB-C e imponer baterías reemplazables en teléfonos móviles, las instituciones europeas han puesto en el foco a los ordenadores portátiles. Desde este mes de julio, estos dispositivos deberán diseñarse y comercializarse bajo criterios que faciliten significativamente su reacondicionamiento.
Esta transformación regulatoria busca atajar la obsolescencia programada y empoderar al usuario final, acabando con las barreras tradicionales que convertían la restauración de un equipo en un proceso excesivamente costoso o inviable.
Hasta la fecha, la intervención sobre un equipo averiado dependía por completo de las condiciones fijadas por los fabricantes. Los extensos plazos de entrega y las elevadas tarifas de los recambios terminaban por empujar a los consumidores a reemplazar el aparato antes de tiempo.
Esta costumbre genera un grave impacto medioambiental a escala global, pues la Organización de las Naciones Unidas calcula que cada año se producen más de 62 millones de toneladas de basura electrónica en el planeta, correspondiendo un millón de toneladas a España.
De hecho, con la puesta en marcha de la directiva comunitaria y su respaldo mediante el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, las reglas del sector cambian de forma radical.
Desde el 31 de julio, las marcas estarán forzadas a garantizar el acceso a repuestos con precios proporcionales y reducir los tiempos de respuesta. Asimismo, se prohibirán los bloqueos por software que impedían la labor de los talleres independientes.
Como incentivo adicional, si se subsana un fallo durante el periodo legal de cobertura, esta se prorrogará automáticamente durante doce meses adicionales.
Un técnico repara un ordenador portátil.
Aunque categorías como los teléfonos móviles o los electrodomésticos de gran tamaño cuentan con normativas de ecodiseño más avanzadas, la informática portátil empieza a beneficiarse de esta protección general.
No obstante, colectivos de la sociedad civil agrupados en la plataforma Right to Repair advierten que estos equipos todavía carecen de una reglamentación específica que fuerce a las compañías a mantener un catálogo de piezas disponible durante varios años, fijando en febrero de 2027 la próxima meta para exigir baterías de sustitución sencilla.
Mejora medioambiental
Diversos estudios del sector sostienen que duplicar el tiempo de vida útil de los teléfonos y portátiles evitaría la emisión de hasta 28 millones de toneladas de dióxido de carbono en el continente europeo para el año 2040.
Reducir la huella de carbono asociada al proceso de fabricación de nuevos componentes constituye una prioridad estratégica para cumplir con las exigencias comunitarias de descarbonización.
![ordenador HP 27-cr0122ns Intel Core i5](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11348682.jpg?p=w:320\/h:240&h=RdihuIr5"])
La implementación de estas exigencias legales obligará a las firmas tecnológicas a reestructurar sus modelos de negocio y servicios de posventa. La prohibición de restricciones informáticas permitirá democratizar la actividad de los servicios técnicos locales y de proximidad, abaratando sustancialmente las tarifas para el cliente.
Esta apertura del mercado favorecerá la creación de un ecosistema donde mantener operativo un ordenador resulte financiera y técnicamente más ventajoso que desecharlo ante cualquier avería menor.
La entrada en vigor de esta normativa en España marca un punto de inflexión decisivo hacia un consumo digital responsable y sostenible. Con la erradicación progresiva de las prácticas disuasorias y la obligatoriedad de ofrecer soluciones asequibles, la Unión Europea afianza un estándar que prioriza la durabilidad de la tecnología.
Desde este verano, el mantenimiento de los equipos ha dejado de ser una odisea para convertirse en el pilar fundamental de la economía circular del país.
