Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana
Entró en vigor: el Gobierno multa con hasta 6 millones de euros a los vecinos por no reformar el ascensor
El Real Decreto 355/2024 actualiza las exigencias de seguridad de los ascensores y también afecta a los aparatos ya instalados
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En España, las comunidades de propietarios tienen que prestar más atención que nunca al estado de sus ascensores. El Real Decreto 355/2024 ha introducido nuevas exigencias de seguridad que afectan tanto a los aparatos de nueva instalación como a muchos de los que ya llevan años funcionando en los edificios.
La norma desarrolla la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1, que establece las condiciones que deben cumplir estos equipos para reducir riesgos y mejorar su seguridad. En el caso de los ascensores existentes, las comunidades deben adaptar determinadas instalaciones a las nuevas exigencias dentro de los plazos establecidos.
Esto significa que un ascensor que fue instalado hace décadas no queda automáticamente al margen de los nuevos requisitos. La responsabilidad sobre su conservación corresponde al titular de la instalación, por lo que las comunidades de propietarios deben comprobar que el aparato cumple las condiciones.
Las reformas que exige la normativa
Una de las principales medidas está relacionada con las puertas de la cabina. Los ascensores deben contar con dispositivos de protección capaces de detectar la presencia de personas u objetos en una determinada zona de acceso, reduciendo así el riesgo de atrapamiento durante el cierre.
Otra de las actuaciones afecta a la nivelación entre la cabina y el suelo de la planta. Una diferencia excesiva de altura puede provocar tropiezos al entrar o salir del ascensor, por lo que los equipos que presenten problemas de nivelación deben ser corregidos dentro del plazo correspondiente.
La normativa también contempla la instalación de sistemas de comunicación bidireccional en la cabina para que una persona pueda contactar con el servicio de emergencia en caso de quedar atrapada. A esto se suman dispositivos destinados a controlar la sobrecarga del aparato y otras medidas relacionadas con la seguridad de sus distintos componentes.
Uno de los cambios que puede afectar especialmente a los ascensores más antiguos está relacionado con sus guías. Algunos aparatos instalados hace décadas todavía utilizan soluciones que han quedado obsoletas. En estos casos, la normativa contempla su sustitución para incorporar las medidas de seguridad actuales.
No todas las modificaciones tienen que realizarse de inmediato. El Real Decreto establece distintos plazos de adaptación en función de la medida que deba aplicarse, la antigüedad del ascensor y sus características.
Así, algunas actuaciones, como la corrección de determinados problemas de nivelación, cuentan con plazos más reducidos, mientras que la sustitución de las guías antiguas puede disponer de varios años para completarse. Por eso, la comunidad debe conocer qué deficiencias presenta exactamente su instalación y cuál es el plazo aplicable en cada caso.
Además de las reformas, los propietarios deben asegurarse de que el ascensor dispone de un mantenimiento adecuado y de la documentación obligatoria. Entre ella se encuentra el número de Registro de Aparato Elevador, un identificador asociado a la instalación y gestionado por el órgano competente de cada comunidad autónoma.
Las inspecciones periódicas también forman parte del sistema de seguridad. Su frecuencia depende de las características del edificio y del uso del ascensor, por lo que no todos los aparatos están sujetos al mismo calendario de revisión.
![Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, durante una intervención en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11333091.jpg?p=w:320\/h:240&h=XKZbT5kq"])
El incumplimiento de estas obligaciones puede terminar en sanciones económicas, cuya cuantía depende de la gravedad de la infracción. Las infracciones leves pueden alcanzar los 60.000 euros, mientras que las graves pueden llegar hasta los 6 millones de euros en los supuestos más severos previstos por la normativa.
Esta cifra no significa que una comunidad vaya a recibir automáticamente una multa millonaria por no realizar una reforma. La sanción depende de la infracción y de las circunstancias del caso. Lo importante para los propietarios es que el mantenimiento y la adaptación del ascensor ya no pueden dejarse de lado.
