Personas en una ducha de la playa.

Personas en una ducha de la playa. Becky Miller/Unsplash Omicrono

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Ya se encuentra en vigor: los ayuntamientos multan por hacer esto en las duchas de la playa con hasta 750 euros

Los ayuntamientos de España endurecen la vigilancia en la costa y sitúan el uso de geles en los lavapiés como la infracción estrella de este verano.

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Un gesto tan aparentemente inofensivo como usar champú en las duchas de la playa vulnera la Ley de Costas en España.

La ausencia de alcantarillado convierte los cosméticos en un tóxico para el medio marino, desatando una oleada de sanciones en todo el litoral.

Con los termómetros disparados de nuevo, la costa española ha vuelto a acoger a miles de bañistas.

Unos veraneantes que acuden a los arenales buscando una tregua contra la canícula, pero esa relajación propia del mes de agosto suele ir de la mano de una preocupante amnesia sobre las ordenanzas cívicas.

Este año, las patrullas municipales han puesto en la diana una costumbre tan arraigada como perjudicial: el aseo con productos químicos a pie de arena.

Para muchos bañistas, aprovechar el chorro de agua pública para quitarse el salitre frotándose con gel, champú o suavizante es el paso lógico antes de poner rumbo al chiringuito o al apartamento.

Sin embargo, este afán por la higiene puede salir muy caro. El veto es tajante y no responde a un capricho recaudatorio de los ayuntamientos, sino a un imperativo medioambiental dictado por la Ley de Costas de 1988.

Una persona quitándose la arena en una ducha de pies de la playa.

Una persona quitándose la arena en una ducha de pies de la playa. kake1967/iStock Omicrono

El motivo es sencillo: estas instalaciones carecen de conexión a la red de saneamiento. Toda el agua que cae, cargada de tensioactivos y parabenos, se filtra directamente al subsuelo o acaba desaguando en el mar, destrozando las dunas y asfixiando la flora y fauna autóctonas.

Y no, la excusa de utilizar cosmética con etiqueta "eco" tampoco sirve de salvoconducto. A la hora de rascarse el bolsillo, el código postal marca la diferencia.

Si miramos al Cantábrico, ayuntamientos como el de San Sebastián tramitan estas infracciones por la vía leve, expidiendo multas que oscilan entre los 50 y los 200 euros.

Pero de cara al sur, la manga ancha desaparece. En enclaves gaditanos asediados por el turismo, como es el caso de Tarifa, los consistorios aplican la sanción máxima, obligando al infractor a desembolsar hasta 750 euros.

Más allá del bote de gel, las autoridades locales han desplegado una vigilancia intensiva sobre el resto del decálogo cívico estival.

Quien se juegue el tipo (y el de los equipos de rescate) bañándose con bandera roja, encienda un cigarrillo en playas declaradas "libres de humos" o pasee con su perro por zonas vetadas por salubridad, se arriesga a volver a casa con una multa debajo del brazo.

Tampoco se pasa por alto a quienes boicotean el descanso ajeno montando discotecas improvisadas con altavoces a todo volumen o acotando el espacio con grandes toldos.

Precisamente, la acampada furtiva o la pernocta en la arena es otro de los grandes caballos de batalla de la temporada.

La normativa estatal penaliza esta usurpación del dominio público calculando el castigo en función del espacio: entre 40 y 150 euros por cada metro cuadrado invadido.

Un cerco que se estrecha todavía más en lugares como la Región de Murcia, cuyos controles de acampada litoral rozan la tolerancia cero y contemplan multas disuasorias que pueden dispararse hasta los 1.500 euros.