Una persona quitándose la arena en una ducha de pies de la playa. Omicrono
Ha entrado en vigor: los ayuntamientos ya multan con hasta 750 euros por hacer esto en las duchas de la playa
Un gesto aparentemente inofensivo tras darse un chapuzón puede convertirse en la peor pesadilla para el presupuesto de las vacaciones de los ciudadanos.
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El regreso de las altas temperaturas vuelve a masificar el litoral español con bañistas que buscan en las playas un respiro frente al calor. Sin embargo, la desconexión propia de las vacaciones estivales a veces provoca que se pasen por alto las normativas locales que rigen en los espacios públicos.
De hecho, un gesto cotidiano y aparentemente limpio que muchos realizan en la ducha de la playa justo después de darse un chapuzón en el mar se ha convertido en el principal objetivo de los inspectores municipales, con castigos económicos que pueden arruinar el presupuesto de las vacaciones: ya multan con hasta 750 euros.
La práctica en cuestión consiste en emplear botes de champú, gel de baño o mascarillas capilares en los surtidores de agua instalados en la arena.
A pesar de que numerosos usuarios creen que están realizando una acción higiénica antes de regresar a sus hogares u hoteles, la normativa local de la gran mayoría de los municipios costeros lo prohíbe de manera tajante.
Quienes decidan enjabonarse bajo estas instalaciones públicas se exponen a sanciones económicas que, dependiendo de la localidad, llegan a alcanzar los 750 euros.
Este veto no responde a una decisión arbitraria de los alcaldes, sino al cumplimiento de la Ley de Costas 22/1988, que vela por la preservación ecológica de la primera línea de playa.
El problema radica en que las duchas del litoral carecen de un sistema de saneamiento conectado a depuradoras; el agua sobrante se filtra directamente en la propia arena o desagua en el mar.
Lavapies en la playa de Perbes.
Por tanto, los componentes químicos de los productos de aseo, incluso aquellos etiquetados como ecológicos, dañan la fauna marina y alteran gravemente el ecosistema dunar.
La severidad con la que se castiga este comportamiento varía de forma notable a lo largo de la geografía española. En el norte del país, localidades como San Sebastián catalogan esta infracción como de carácter leve, aplicando penalizaciones que se mueven en una horquilla de entre 50 y 200 euros.
El escenario cambia radicalmente al viajar hacia el sur, ya que municipios con una fuerte presión turística, como Tarifa en la provincia de Cádiz, aplican la cuantía máxima permitida para este tipo de conductas, elevando la factura de la multa hasta los citados 750 euros.
Por supuesto, el uso de cosméticos en la arena no es el único comportamiento que vigilan con lupa las autoridades locales durante la temporada estival.
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Las sanciones también persiguen de forma activa a quienes ignoran el peligro de la bandera roja al adentrarse en el mar, a los fumadores que vulneran las restricciones de los arenales declarados libres de humo, o a los propietarios que acceden con sus mascotas a zonas donde la presencia de animales está explícitamente prohibida por motivos de salud pública.
Asimismo, la convivencia pacífica se ha vuelto una prioridad en las playas españolas, penalizándose tanto la contaminación acústica provocada por altavoces a gran volumen como las aglomeraciones derivadas de instalar tiendas de campaña.
Respecto a la pernocta ilegal, la legislación estatal establece castigos que se calculan en función de la superficie usurpada, penalizando la ocupación con importes de entre 40 y 150 euros por metro cuadrado.
Esta rigidez se acentúa en zonas como la Región de Murcia, cuyos controles en materia de acampadas en el litoral son especialmente estrictos y contemplan multas que pueden escalar hasta los 1.500 euros para disuadir a los infractores.
