Un hombre pone la lavadora en un balcón Omicrono
Entró en vigor: los ayuntamientos ya multan con hasta 3.000 € a los vecinos que tienen la lavadora en el balcón
Aunque es una práctica habitual en España, poner la lavadora en el balcón puede conllevar varias sanciones si no tenemos cuidado.
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En España, instalar algunos electrodomésticos en el exterior de la vivienda siempre ha sido una solución habitual para ganar metros cuadrados, especialmente si no tenemos lavadero o nuestra cocina es demasiado pequeña.
Es algo que solemos ver con las lavadoras, que son claramente visibles en muchos balcones y terrazas en las calles españolas. Sin embargo, esta práctica aparentemente inofensiva puede acarrear importantes sanciones económicas que varían según la severidad y el lugar en el que vivimos, y mucha gente aún no lo sabe.
Técnicamente, el problema no reside en el hecho de ubicar la lavadora en el exterior, sino en los efectos derivados de su funcionamiento, que pueden vulnerar normativas estatales y locales relativas al ruido, la vibración y el impacto estético.
Para empezar, el ruido de la lavadora es el factor que genera un mayor número de conflictos vecinales, y el principal motivo por el que podríamos recibir quejas e incluso una multa.
Y es que el proceso de centrifugado de una lavadora normal alcanza fácilmente los 70 decibelios, una cifra que supera con creces los límites permitidos para el descanso nocturno en la práctica totalidad de los municipios españoles.
Las ordenanzas locales vigilan de manera muy estricta el cumplimiento de estos umbrales para garantizar la convivencia ciudadana, y la policía local puede realizar las mediciones si lo considera oportuno o si recibe la queja de un vecino.
El segundo de los problemas no es tan evidente: la normativa estatal también regula la apariencia de los inmuebles. En concreto, la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe de forma expresa cualquier modificación que altere la uniformidad de la fachada de un edificio sin haber obtenido previamente la aprobación unánime de la junta de propietarios.
Si hemos puesto la lavadora de tal manera que se pueda ver desde la calle, podríamos estar vulnerando estas reglas, aunque esto depende en buena medida de las normas locales.
A esto se suman los inconvenientes asociados a la evacuación de agua y a las vibraciones mecánicas. El aparato puede generar humedades hacia el exterior o transmitir vibraciones molestas que afecten directamente a la estructura común del edificio o a los techos de los pisos inferiores.
Multas por tener la lavadora en el balcón
La cuantía de las penalizaciones económicas depende directamente de la regulación de cada ayuntamiento, y se aprecian diferencias notables entre las principales capitales del país en aspectos como los horarios de uso de la lavadora y las cuantías de las multas.
En Barcelona, por ejemplo, las sanciones por actividades domésticas ruidosas fuera de la franja permitida, que va desde las 08:00 hasta las 21:00 horas, resultan especialmente severas, alcanzando los 3.000 euros en los casos calificados como graves o cuando existe reincidencia por parte del infractor.
En cambio, en Madrid el horario restrictivo de silencio obligatorio se establece entre las 23:00 y las 07:00 horas, con multas que oscilan entre los 90 euros para las faltas consideradas leves y los 600 euros para aquellas situaciones de gravedad o reincidencia continuada.
Por su parte, ciudades como Valencia y Bilbao fijan su periodo de descanso obligatorio entre las 22:00 y las 08:00 horas del día siguiente, estableciendo en este caso multas que parten de un mínimo de 600 euros para los infractores.
Una lavadora instalada en un balcón Omicrono
Hay que tener en cuenta que poner la lavadora en el balcón o la terraza no supone una multa automática. Es necesario seguir un proceso regulado, que habitualmente empieza con un aviso amistoso por parte de los residentes afectados que deben explicar por qué el ruido o la instalación les genera molestias en su día a día.
En muchos casos, la historia termina aquí. Pero si la situación no se soluciona, se pasa a una reclamación formal en la que el presidente de la comunidad exige por escrito el cese inmediato de la actividad perjudicial, fundamentando la petición en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Sólo cuando estos intentos internos fracasen, se recurrirá a la vía administrativa o judicial. Los vecinos afectados interponen una denuncia formal ante el ayuntamiento, que es la institución encargada de aplicar la sanción económica correspondiente. En los escenarios más extremos, la comunidad puede emprender acciones legales conjuntas que podrían derivar en una sentencia judicial que prohíba de forma temporal el uso de la vivienda al propietario infractor.
Por este motivo, resulta fundamental revisar detalladamente los estatutos de la comunidad y la ordenanza municipal de ruido antes de proceder a la instalación del electrodoméstico en zonas abiertas.
