Quién nos iba a decir hace unas semanas que nos iba a preocupar la privacidad en un estado de confinamiento. Ese es el resumen de una avalancha de críticas -infundadas o no- que han llovido sobre los diferentes gobiernos autonómicos al solicitar tener acceso a nuestra ubicación en las denominadas aplicaciones del coronavirus.

La Comunidad de Madrid fue una de las primeras y lanzó hace unos días Coronamadrid, un instalable para teléfonos inteligentes que tiene como objetivo descargar a los servicios de teleasistencia para el seguimiento de coronavirus. Para ello y según la propia Comunidad de Madrid, necesitaban saber la geolocalización del individuo para corroborar que efectivamente se encontrara en la región madrileña.

Enfrentarnos a este tipo de aplicaciones ha abierto un debate muy interesante sobre si la privacidad, en tiempos de coronavirus y estado de alarma, pasa a un segundo plano o debe imperar como derecho básico universal.

"No importa perder privacidad"

Hemos podido hablar con Martin Varsavsky, fundador de Goggo Network, como una de las personas al frente del desarrollo de la aplicación de autodiagnóstico de la Comunidad de Madrid. Para él, la privacidad en tiempos de crisis no es tan importante y aboga por mantener una geolocalización a nivel individual para realizar un seguimiento pormenorizado a las personas.

Algo que ya se ha estado replicando en países asiáticos con buenos resultados y que, según Varsavsky se debería implementar igualmente en nuestro país. Una de las funciones de la aplicación "puede ser informar a alguien que ha estado cerca de un posible contagiado de coronavirus". Lo que choca frontalmente con el concepto que tenemos sobre la privacidad de las personas.

Para Varsavsky "ya nos hemos saltado libertades individuales como la de poder salir de casa libremente" y apunta que "estamos perdiendo libertades para salvar vidas". Afirma también que el gobierno tiene herramientas legales para realizar seguimientos basados en geolocalización.

Otro ejemplo, "aplicaciones como Waze (una app de navegación por GPS) ya te pide saber donde estás". Este planteamiento es interesante pues estamos dando una información sensible a una empresa que no conocemos. Varsavsky afirma que todos los datos recogidos por las aplicaciones de salud dependen en última instancia de Sanidad y que se pueden utilizar con varios propósitos.

Uno de ellos y según nos ha comentado sería identificar a los diferentes "tipos de ciudadanos que tenemos hoy en relación al COVID-19. Existen los que han pasado la enfermedad y han generado anticuerpos, los que no la han pasado y los que actualmente están infectados o son grupos de riesgo". En esta línea "se podía crear una aplicación para smartphone que informara de forma muy clara en qué grupo estamos". Básicamente el sistema de 'semáforo' que han utilizado en China desde que se comenzó a extender el virus.

"Tenemos que saber si una persona tiene síntomas se mueve y con quién lo está haciendo", concluye Varsavsky. También afirma que este seguimiento individual debe limitarse a la vigilancia del virus como causa excepcional actual.

El sistema del 'semáforo' propuesto requiere que la práctica totalidad de la población cuente con un smartphone, se descargue la aplicación y sepa utilizarla. Algo realmente complicado para personas mayores y que también son las que más riesgo tienen. Muchas de ellas se verían delante de una pantalla táctil por primera vez en su vida. Además y según Martin Varsavsky, "se tendría que complementar con la medida de temperatura diaria y la realización de test masivos a la población para poder clasificarla mejor".

"Sin aplicación a nivel nacional"

Los servicios de salud pública dependen directamente de la gestión a nivel autonómico y, según nos ha contado Varsavsky, "impide que contemos con una aplicación única a nivel nacional". Además de lo menciona antes, también es debido a que no piden todas los mismos datos a los usuarios.

El primer paso sería que las autonomías se pusieran de acuerdo y "comenzaran a preguntar todas los mismo para poder comparar los datos". Esto choca directamente con la idea de juntar fuerzas en estos complicados momentos para poder ofrecer al ciudadano una aplicación centralizada. Además, ya que se va a utilizar la geolocalización, podría trasladarse la información que afecte a cada comunidad autónoma.

No conocemos por tanto el alcance de la información publicada en el BOE del pasado 28 de marzo sobre la creación de una aplicación a nivel estatal y de si conseguirá establecerse un único criterio para la autoevaluación de todos los ciudadanos; independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren y de si ésta ya tenía su propia app.