Ya adelantamos a principios de semana que el Gobierno tardaría poco en presentar de manera definitiva la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que seguiría los pasos de la llamada “Ley Sinde” y cerraría aún mas el cerco a las descargas en Internet, aún a costa de sus propios usuarios. El texto ha ido pasando por varias revisiones, hasta el borrador actual que acaba de presentarse en el Consejo de Ministros realizado hoy.

Se recrudece la lucha contra las descargas

Como adelantábamos, las grandes protagonistas son las descargas por P2P, con unas novedades que se centran en dos frentes: por una parte el Gobierno pretende que sean los proveedores de servicios y de publicidad los que hagan de intermediarios a la hora de castigar a páginas web de enlaces. Así, el objetivo es eliminar la publicidad de estas páginas y quitarles por tanto el medio con el que subsistir y pagar los servidores. De negarse, el ministro Wert ha asegurado que tanto los anunciantes como los intermediarios de pago podrán ser multados, y sus sitios cerrados.

Un detalle importante es que será posible investigar a sospechosos de vulneraciones de la propiedad intelectual, sin pasar por el código penal; el objetivo sería que estos procesos fuesen mas rápidos.

Esta nueva ley llega con un gran asterisco, y es que los motores de búsqueda no se quedan fuera de la ley, pero se incluye una previsión para que sitios como Google no pasen a ser ilegales de la noche a la mañana. Por tanto, la nueva ley no solo va a por los que alojan el contenido, sino también a por los que “indexan contenido ilegal” según las palabras del ministro. Las multas estarían entre los 30.000€ y los 300.000€.

Contradiciendo a los tribunales europeos

Por su parte, los agregadores de noticias también sufren un serio varapalo, ya que se establece que los editores podrán recibir compensación por usar sus contenidos. Esto no encaja con la noticia de ayer en la que el tribunal europeo que establecía que el uso de enlaces y extractos por parte de una web no suponía delito.

Nueva definición de copia privada

El otro gran punto polémico es la nueva definición de copia privada. Desde los 80 la copia privada consistía en aquella que hacíamos de manera no lucrativa a partir de obras a las que se haya accedido legalmente; sin embargo, esta definición le ha puesto las cosas difíciles a la industria a la hora de denunciar, así que la nueva definición de copia privada es aquella que “se lleve a cabo por una persona física para su uso privado, no profesional ni empresarial y que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente”.

Mas control y poder a las entidades de gestión

Por último, la nueva ley se ve obligada a poner algo de coto a las entidades de gestión de derechos de autor, principalmente obligada por las decisiones que provienen de Europa. Sin embargo, todo indica que, al mismo tiempo que impone nuevos controles anuales, el gobierno también ha aprovechado para dar mas poder a la SGAE (que está en pleno proceso por desvío de fondos), algo de lo que se han quejado otras entidades de gestión.