El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Niilo Jääskinen, acaba de dar la razón a Google en un caso contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), dictaminando que no existe la obligación de que la compañía americana elimine ningún tipo de contenido a petición de un usuario. Lo cual reafirma que ningún motor de búsqueda es responsable de los datos de otras páginas web a los que enlazan, ya sean anuncios o cualquier tipo de material protegido por derechos de autor.

El asunto se remonta a 2010, momento en que la AEPD exige a Google la eliminación de los resultados de búsqueda del anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. La denuncia fue realizada a petición de un ciudadano mencionado en dicho anuncio, alegando que el embargo en cuestión está totalmente solucionado desde hace varios años y por lo cual carece de relevancia, por lo que se se negaba a aceptar que su nombre estuviera de alguna forma relacionado con el anuncio.

Más allá de la moralidad de vincular públicamente una identidad personal con procedimiento como este, se trata de un nuevo problema de privacidad en el que el denunciante opina tener los derechos de una información personal enlazada por terceros. El abogado del TJUE Jääskinen, concluye que:

“Una autoridad nacional de protección de datos no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de búsqueda en internet que retire información de su índice. [Dado que estaría atentando contra la libertad de expresión]”

Además, en la sentencia se afirma que la normativa de la UE “no establece ningún derecho al olvido generalizado”, por lo que no existe el derecho de obligar a un motor de búsqueda a que elimine contenidos, amén de que este tipo de servicios no suelen ser los autores de tal contenido, dado que tan solo enlazan a terceros, sobre los cuales caería la responsabilidad de modificar o no la información ofrecida. En este caso, la empresa responsable del anuncio alega que la publicación de los datos en cuestión tenía justificación legal y su fin era dar la máxima publicidad a las subastas para conseguir la mayor relevancia.

Todo este asunto se suma a los recientes problemas que está sufriendo Google en Europa, y vuelve a poner de actualidad la cuestionable necesidad de establecer jurídicamente un derecho al olvido. Una herramienta que nos otorgue la capacidad de decidir qué pasado es el que queremos mostrar al mundo y nos ayude a gestionar nuestra reputación en internet parcheando determinados acontecimientos. ¿Crees que debe existir el derecho al olvido? ¿Qué consecuencias podría tener?

Vía | Europa Press