La Corte Suprema de Justicia de Brasil ha ordenado este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las restricciones cautelares que se le habían impuesto ante el riesgo de una fuga, en el marco de su juicio por golpismo.
Bolsonaro ya tenía colocada una tobillera electrónica desde el pasado 18 de julio por el elevado riesgo de fuga. Ahora, no podrá salir de su vivienda.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista, también le prohíbe recibir visitas en su residencia, con excepción de la de sus familiares más próximos y de sus abogados.
En su resolución, De Moraes también ha ordenado a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del exjefe de Estado para incautarse de los teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitan conectarse a las redes sociales.
Violación de medidas cautelares
El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus propias cuentas en las redes sociales o por las de terceros y que le obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana.
La defensa del expresidente afirma que no incumplió las restricciones, por lo que no se justifica la decisión judicial. Desde EEUU también condenan esta decisión de un juez que califican de "violador de derechos humanos".
De hecho, en la resolución judicial, De Moraes cita uno a uno los mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos en sus redes sociales y en las de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con "incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño".
Los mensajes fueron leídos en las marchas que realizaron el domingo miles de bolsonaristas en varias ciudades del país, en las que defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los responsables por el juicio a Bolsonaro.
Además de imponer un arancel adicional del 50% a la importación de parte de los productos brasileños, cuya eliminación condicionó a que cesen los procesos contra Bolsonaro, el Gobierno de Trump le ha retirado la visa a ocho de los 11 miembros del Supremo brasileño y determinó el bloqueo de los bienes del juez Alexandre de Moraes.
"No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar que le fue impuesta a Jair Messias Bolsonaro", asegura el magistrado, para quien "es necesario la adopción de medidas más drásticas para evitar la continua reiteración delictiva por parte del procesado".
La prisión domiciliaria se ordenó en el marco del proceso en que se acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión como presidente del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.
Destitución del juez
Tras conocer la decisión judicial, el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista, ha pedido que el Senado inicie un proceso de destitución contra el magistrado Alexandre de Moraes.
Flávio ha afirmado, en entrevista con la filial brasileña de la CNN, que la resolución "no tiene ni pies ni cabeza" y que era una decisión "cobarde" e "inmoral" de De Moraes.
"No tiene condiciones (de seguir siendo magistrado); está llevando a la Corte a un gran desgaste", declaró el político, quien aseguró que hay "decenas de senadores" dispuestos a apoyar el proceso y que hablará con el presidente del Senado sobre el asunto.
La familia Bolsonaro ya había pedido en otras ocasiones la destitución de De Moraes, el principal blanco de ataques de la ultraderecha, pero la medida no había recabado un apoyo significativo en la Cámara alta.
El diputado Eduardo Bolsonaro, otro hijo que está en EEUU desde hace varios meses para pedir sanciones contra De Moraes y que también está bajo investigación, escribió en redes sociales que se trataba de un "abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición".