El aborto es uno de los temas más caldentes de los últimos meses en el estado Texas. La controvertida "ley del latido" acaba de ser aprobada, lo que supone un paso atrás en la lucha feminista estadounidense. 

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La ley del latido es una de las más restrictivas sobre el aborto, ya que prohíbe la interrupción del embarazo desde el momento que el feto comienza a latir, lo que puede ocurrir a las seis semanas de embarazo, cuando muchas mujeres aún no saben incluso que están embarazadas. 

Esta ley no admite los casos en los que la mujer haya sido víctima de violación o en casos de incesto, ya que se aplica por igual para todas ellas, y únicamente permite que el aborto sea legal en los casos en los que esté en peligro la vida de la persona. 

Por su parte, el gobernador Greg Abbott firmó este miércoles la legislación que por primera vez le daría a casi cualquier texano la capacidad de presentar demandas civiles contra quien proporcionen servicios de aborto que crean que han violado la ley. “Esta medida asegura que cualquier niño nonato cuyo corazón lata se salve de los estragos del aborto”, celebró Abbott.

Manifestación en Estados Unidos a favor de la legalización del aborto Gtres

Esta semana, el tribunal abrió la puerta a tal revocación, o al menos a una restricción, del caso, y acordó revisar la apelación de Mississippi para prohibir los abortos después de 15 semanas.

Ley del chivatazo

La medida es aún más polémica porque permite que cualquier residente de Texas, incluso una persona no relacionada con la mujer o el procedimiento, demande a quienes la ayuden a obtener el aborto. Desde médicos, a empleados de la clínica, familiares y otras personas que ayuden en el proceso.

“Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y, sin embargo, millones de niños pierden su derecho a la vida cada año debido al aborto”, dijo Abbott en un evento de prensa a puerta cerrada, que se transmitió a través de la red social Facebook. 

El senador Bryan Hughes, uno de los promotores y máximos defensores de esta ley explicó que es la legislación pro-vida más poderosa en la historia de Texas y que “será un modelo para el país”.

La respuesta

No solo grupos feministas texanos se han llevado las manos a la cabeza. También los demócratas y los defensores del derecho al aborto afirman que esta medida es una violación de los derechos al aborto firmados por Roe v. Wade. La promesa electoral que hizo Donald Trump de restringir el derecho al aborto en Estados Unidos (EEUU) se está haciendo realidad, ya que prometió revocar la sentencia Roe v. Wade.

La presidenta de la organización Paternidad Planeada, Leana Wen, habla durante una protesta contra las leyes antiaborto ante el Tribunal Supremo. Se pueden leer carteles que ponen: "Protege la Roe" Reuters

A su vez, se teme el aumento de abortos realizados de forma menos segura para esconder a aquellas mujeres que puedan ser denunciadas y juzgadas, lo que incrementaría los casos de muertes y estigmatización hacia la mujer. 

“Esta prohibición no solo viola más de medio siglo de jurisprudencia de la Corte Suprema, sino que allana el camino para que los extremistas contrarios al derecho a decidir utilicen nuestro sistema judicial para perseguir a cualquiera que practique abortos o considere apoyar a una persona que tiene uno”, dijo Wade.

“Pero no se equivoquen, el aborto es legal en Texas y es apoyado por la mayoría de los texanos. El bolígrafo del gobernador no puede cambiar la Constitución”, remataba. Aunque la ley tomará efecto en septiembre si ningún tribunal la paraliza. 

Extremismos peligrosos

Otro de los proyectos que más ha preocupado a los colectivos feministas ha sido el propuesto por el partido Republicano de la mano de Tony Tinderholt, que propone condenar a las mujeres que abortasen a penas de cárcel e incluso penas de muerte en delito de homicidio. 

Una alarmante propuesta que se inspira en la ideal del republicano de la Cámara de Texas, Matt Shaheen, que junto a su grupo ultraconservador elaboró un proyecto de ley extremo como respuesta a la ampliación del derecho al aborto en Nueva York.

La idea, anunciada por Matt Shaheen, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Texas, era condenar a las mujeres que abortasen a penas de cárcel e incluso penas de muerte por un delito de homicidio. 

Un proyecto finalmente fue rechazado, y que tras anunciarse la negativa llevó al republicano a afirmar en el diario The Observer, que una ley antiaborto de este estilo obligaría a las mujeres a ser "más responsables con el sexo". 

Un estado más

Ya son más de una decena de estados los que han propuesto o aprobado leyes antiaborto en lo que va de año. Desde rebajar el número máximo de semanas en las que se puede abortar, hasta plantearse la pena de muerte para las mujeres que se sometan a este procedimiento. 

Otro de los estados más polémicos es sin duda Alabama, que aprobó la ley más restrictiva, en la que se prohíbe el aborto en cualquier etapa de gestación, incluyendo los casos de violación. Además, la ley añade que todos los médicos que la incumplan podrían ser condenados a penas de entre 10 y 99 años de cárcel. 

Dakota del Norte, Kentucky y Carolina del Norte daban un plazo superior al de las seis semanas para abortar, aunque también corren riesgo de reducirse. Misisipi había reducido el número de semanas para abortar de 15 a 8, al igual que Misuri.

En Luisiana, el Supremo de EEUU da una victoria clave a los defensores del derecho a abortar. La ley que restringía al máximo el aborto en Luisiana y que hizo que cerrasen dos de las tres clínicas del estado fue declarada inconstitucional. La ley de Luisiana era una de las más de 450 medidas aprobadas en la última década por estados conservadores para restringir el acceso al aborto, y que van desde vetos al procedimiento a partir de las seis u ocho semanas de embarazo hasta medidas más sutiles, como acumular regulaciones para imposibilitar el trabajo de las clínicas.

El resurgir del debate ha dividido en dos a la sociedad estadounidense y la presión gubernamental contra las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo es cada vez mayor. Un ejemplo es la retirada de financiación pública a las clínicas de planificación familiar que practican abortos.