Elma Saiz en la Moncloa durante su estreno como portavoz del Gobierno.
Ya ha entrado en vigor: los mayores de 23 años que vivan con sus padres pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital
La nueva regulación amplía la protección para jóvenes en situación de vulnerabilidad económica y establece condiciones específicas.
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Hay jóvenes que, pese a haber superado los 23 años, siguen viviendo en el domicilio familiar porque sus ingresos no les permiten afrontar una vivienda por su cuenta. La falta de empleo estable, los salarios y el coste de la vivienda han retrasado la independencia de buena parte de esta generación.
Ahora, el Ingreso Mínimo Vital incorpora un cambio que amplía la protección para determinados jóvenes de entre 23 y 29 años que se encuentran en una situación económica vulnerable. La nueva regulación contempla también las circunstancias de convivencia y familiares que deben acreditar quienes quieran acceder a la prestación.
La modificación llega en un momento en el que la independencia económica se ha convertido en uno de los principales obstáculos para muchos jóvenes. El Gobierno defiende la ampliación como una forma de evitar que quienes carecen de recursos queden fuera de la red de protección, mientras que sus detractores cuestionan que las ayudas públicas sean la respuesta adecuada.
Qué jóvenes pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital
La ampliación de la edad de acceso parte de una realidad cada vez más habitual: tener más de 23 años no significa necesariamente disponer de ingresos suficientes para vivir de forma independiente.
El mercado laboral y el precio de la vivienda hacen que muchos jóvenes permanezcan en el hogar familiar durante más tiempo, mientras que otros optan por compartir vivienda o recurrir a fórmulas de convivencia distintas para poder hacer frente a sus gastos.
El Ingreso Mínimo Vital está concebido como una prestación destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y hogares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.
Con la nueva regulación, determinados jóvenes de entre 23 y 29 años pueden solicitarlo aunque su situación residencial no encaje con el modelo tradicional de una persona que vive completamente por su cuenta.
La medida establece, no obstante, una serie de condiciones, ya que no basta con tener una determinada edad y carecer de ingresos suficientes.
Para poder acceder a la prestación hay que acreditar que se cumplen los requisitos establecidos tanto desde el punto de vista económico como desde el de la convivencia y la residencia.
Imagen de ilustración.
En el caso de los jóvenes de entre 23 y 29 años que residen en el hogar familiar, el acceso individual exige acreditar que constituyen una unidad de convivencia independiente o contar con la mediación de los Servicios Sociales.
Por su parte, cuando se trata de compartir piso con personas sin lazo familiar, la norma exige demostrar dos años de convivencia en ese domicilio para evitar situaciones provisionales.
Esta condición de la convivencia previa con personas que no forman parte de la familia resulta relevante porque permite diferenciar una situación estable de un cambio de domicilio reciente que no responda a una situación consolidada.
La residencia también es un requisito fundamental. El solicitante debe residir en España para poder acceder a la prestación, de acuerdo con las condiciones establecidas para el Ingreso Mínimo Vital.
Por tanto, la edad por sí sola no genera el derecho a recibir la ayuda, sino que debe combinarse con el resto de circunstancias exigidas por la normativa.
La situación sentimental también puede determinar el acceso. Los jóvenes que estén casados o que tengan reconocida una pareja de hecho no pueden acceder a esta modalidad en las mismas condiciones.
![Nuria Ocaña, en una captura de pantalla de un vídeo de sus redes sociales, ampliada con Inteligencia Artificial.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11337686.jpg?p=w:320\/h:240&h=t3XxHX6v"])
Sin embargo, existen excepciones para quienes hayan iniciado un proceso de separación o divorcio, así como para determinadas personas que hayan tenido que abandonar su domicilio como consecuencia de una situación de violencia de género o precisamente por una separación o divorcio.
Estas excepciones pretenden tener en cuenta circunstancias en las que la convivencia familiar o de pareja se ha roto y la persona puede encontrarse en una situación económica especialmente complicada.
La normativa establece además condiciones diferentes para quienes tienen 30 años o más. En este caso, quienes quieran solicitar el Ingreso Mínimo Vital deben acreditar que durante el año anterior a la solicitud no han tenido su domicilio en el mismo lugar que sus padres o tutores, siempre que estos no hayan fallecido.
La diferencia entre ambos grupos de edad resulta importante porque el sistema establece requisitos específicos en función de la etapa vital del solicitante.
Para los jóvenes de 23 a 29 años, la norma pretende dar respuesta a situaciones en las que la falta de independencia económica no implica necesariamente que exista una convivencia con los progenitores, mientras que a partir de los 30 años se exige acreditar una trayectoria residencial diferente durante el periodo previo.
Una ayuda que ya llega a millones de personas
La ampliación se incorpora a una prestación que ya tiene un peso considerable dentro del sistema de protección social español. Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a unos 2,4 millones de personas y alrededor de 800.000 hogares.
Entre los beneficiarios se encuentra además cerca de un millón de niños y adolescentes, lo que refleja que la prestación no se limita a personas que viven solas, sino que también desempeña una función de protección de hogares con menores que atraviesan dificultades económicas.
El propósito del Gobierno con la ampliación es precisamente extender esa red de protección a personas que pueden encontrarse fuera de las ayudas pese a no disponer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
![La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11336562.jpg?p=w:320\/h:240&h=WxppcZYI"])
En el caso de los jóvenes, el problema adquiere una dimensión particular porque la falta de ingresos puede retrasar durante años la posibilidad de construir un proyecto independiente.
La situación económica de una persona joven no siempre puede analizarse únicamente a partir de si tiene trabajo o no.
De hecho, tener un empleo hoy en día no garantiza necesariamente disponer de ingresos suficientes para pagar un alquiler, los suministros, la alimentación y el resto de gastos asociados a una vivienda.
Del mismo modo, vivir con otras personas tampoco significa necesariamente contar con apoyo económico por parte de ellas.
