Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Pedro Sánchez

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Pedro Sánchez Europa Press

Interiorismo

Es oficial: los propietarios con viviendas vacías tendrán que pagar hasta un 150% más en el IBI desde 2026

El control sobre las viviendas deshabitadas en España cada vez será más exhaustivo con el fin de facilitar el acceso a ellas.

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El encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta y el aumento del precio de compra hacen que el acceso a la vivienda en España sea uno de los principales problemas para miles de familias.

Un problema generalizado que ha llevado al Gobierno y a numerosos ayuntamientos a reforzar las medidas destinadas a sacar al mercado las viviendas que permanecen desocupadas durante largos periodos.

Aunque no existe una nueva ley estatal que obligue a alquilar una vivienda vacía, sí ha entrado en vigor un marco normativo más exigente que permite a las administraciones intensificar el control sobre estos inmuebles e imponer importantes recargos fiscales a determinados propietarios.

El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es incentivar que las viviendas deshabitadas vuelvan al mercado residencial y contribuyan a aliviar la falta de oferta en las zonas con mayor tensión inmobiliaria.

Un recargo del IBI

La principal herramienta con la que cuentan los ayuntamientos es el recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una medida prevista en la legislación estatal y que cada consistorio puede decidir si aplica.

Desde la entrada en vigor de los cambios introducidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda, los municipios pueden incrementar este recargo hasta un máximo del 150% de la cuota del IBI para determinados inmuebles que permanezcan vacíos de forma continuada.

La intensidad del recargo depende de cada ayuntamiento y de las circunstancias de la vivienda. En algunos casos aumenta progresivamente en función del tiempo que el inmueble lleve desocupado o del número de viviendas vacías que acumule un mismo propietario.

Ciudades con una elevada presión sobre el mercado residencial ya han comenzado a utilizar esta herramienta para incentivar que los inmuebles salgan al mercado del alquiler. La medida busca aumentar la oferta disponible sin necesidad de construir nuevas promociones a corto plazo.

Determinar si una vivienda está vacía

Uno de los aspectos que más ha evolucionado en los últimos años es la forma de acreditar que un inmueble permanece sin uso habitual. Las administraciones ya no dependen únicamente de una inspección presencial.

Para comprobar la situación de una vivienda pueden cruzar información procedente de diferentes registros públicos.

Entre los indicadores más utilizados figuran la ausencia de personas empadronadas, consumos muy reducidos de agua, electricidad o gas durante largos periodos, así como la falta de actividad que demuestre un uso residencial efectivo.

Además, Catastro, padrón municipal y registros tributarios pueden compartir información para verificar si el inmueble cumple los requisitos establecidos para ser considerado desocupado.

Cuando existan indicios suficientes, el propietario puede verse obligado a justificar por qué la vivienda permanece sin ocupar.

Existen, no obstante, diferentes excepciones contempladas por la normativa, como viviendas sometidas a reformas, inmuebles pendientes de procedimientos judiciales o situaciones debidamente acreditadas que impidan su utilización.

Presión sobre grandes propietarios

Las administraciones ponen especialmente el foco en quienes poseen varias viviendas sin uso habitual, ya que consideran que estos inmuebles podrían contribuir a aumentar la oferta disponible en las zonas donde resulta más difícil acceder a una casa.

Desde el Gobierno insisten en que las medidas no persiguen obligar a nadie a alquilar su vivienda, sino favorecer que permanezcan el menor tiempo posible fuera del mercado mediante incentivos y penalizaciones fiscales.

Sin embargo, la iniciativa continúa generando debate. Mientras asociaciones de inquilinos consideran que puede ayudar a incrementar la oferta y contener la escalada de precios, parte de los propietarios cree que supone una mayor carga económica y administrativa para quienes deciden mantener un inmueble vacío por motivos personales o patrimoniales.

Lo cierto es que el control sobre las viviendas desocupadas será cada vez más exhaustivo. Con el intercambio de datos entre administraciones y la posibilidad de aplicar recargos de hasta el 150% en el IBI, mantener varias viviendas sin uso habitual puede resultar, a partir de ahora, mucho más caro que en años anteriores.