Edificio con aparatos de aire acondicionado en la fachada.

Edificio con aparatos de aire acondicionado en la fachada. iStock

Interiorismo

Ya ha entrado en vigor: los ayuntamientos multan con hasta 3.000 euros a los vecinos por el ruido del aire acondicionado

En España se puede considerar "necesidad" tener un aparato de aire acondicionado en el hogar, por lo que es importante conocer la normativa existente al respecto.

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Con la llegada del calor, los aparatos de aire acondicionado vuelven a encenderse en miles de hogares españoles. Lo que para muchos es una necesidad básica en verano puede convertirse, para los vecinos, en una molestia constante.

Si el equipo está mal instalado, vibra demasiado o supera los límites de ruido permitidos por la normativa local, el problema deja de ser una simple discusión de comunidad y puede terminar en sanción administrativa.

En España no existe una multa única para todo el territorio. La regulación parte de la Ley 37/2003, del Ruido, pero la concreción práctica depende de cada ayuntamiento, que aprueba su propia ordenanza de contaminación acústica y fija horarios, decibelios máximos y sanciones. Eso significa que un mismo aparato puede ser tolerable en una ciudad y sancionable en otra, según la hora, la ubicación y la intensidad del ruido.

La base legal

La Ley del Ruido establece el marco general para prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica. Además, atribuye a las administraciones locales capacidad para inspeccionar, medir y sancionar cuando se incumplen los límites aplicables. En la práctica, eso afecta tanto al ruido continuo del compresor como a vibraciones, golpes o zumbidos que se transmiten a la vivienda contigua.

En el caso de Madrid, por ejemplo, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica incluye expresamente los aparatos de aire acondicionado entre las fuentes sonoras domésticas que deben instalarse y usarse sin perturbar la convivencia.

Otras ciudades imponen reglas similares, especialmente en horario nocturno, cuando los límites son más estrictos y una pequeña emisión puede convertirse en infracción si supera el máximo permitido.

La clave legal no es solo que el ruido exista, sino que sea medible y exceda los umbrales fijados. Por eso, para que prospere una denuncia, normalmente hace falta una medición oficial, ya sea por la policía local o por técnicos habilitados, y no basta con una mera queja vecinal.

Cuándo hay sanción

Las multas dependen de la gravedad de la infracción y de la ordenanza concreta de cada municipio. En Madrid, las sanciones leves pueden arrancar en 90 euros y llegar a 750 euros; las infracciones graves pueden alcanzar 1.500 euros, según la información publicada sobre la ordenanza municipal.

En otras ciudades, los topes cambian de forma notable. Por ejemplo, Barcelona puede superar los 3.000 euros en casos graves, mientras que Zaragoza fija máximos de 1.800 euros en sus ordenanzas sobre ruido.

Además de la sanción económica, el ayuntamiento puede exigir la corrección del problema: cambiar la ubicación del aparato, insonorizar la instalación, revisar soportes o sustituir un equipo defectuoso. Y si el conflicto afecta a elementos comunes o a la estética exterior del edificio, también puede entrar en juego la Ley de Propiedad Horizontal, que refuerza la obligación de respetar la convivencia y los elementos comunitarios.

En algunos municipios, la sanción no depende solo del ruido, sino también de dónde está colocado el aparato. La instalación en fachada, por ejemplo, puede generar una multa adicional o incluso la obligación de retirar el equipo si vulnera la normativa urbanística o comunitaria.

Qué puede hacer el vecino

Si el ruido del aire acondicionado es constante, lo recomendable es avisar primero al propietario para intentar una solución técnica. Si el problema persiste, puede solicitarse la intervención del ayuntamiento o de la policía local para que se realice una medición oficial del ruido.

Esa medición es importante porque la sanción se apoya en un dato objetivo, no en una percepción subjetiva de molestias.

En la práctica, los ayuntamientos suelen actuar con especial rigor por la noche, cuando el descanso vecinal tiene mayor protección. Por eso, un aparato que durante el día resulte aceptable puede convertirse en infracción si funciona en horario nocturno y supera el límite permitido.