Pedro Sánchez en su comparecencia tras la cumbre de La Haya. Reuters
Entró en vigor: el Gobierno prohíbe a los bancos expedir tarjetas de crédito y ampliar su límite sin que el cliente lo pida
La nueva normativa refuerza la protección de los consumidores y exige su consentimiento para aumentar su capacidad de endeudamiento.
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El Gobierno prepara un cambio en las reglas que afectan a las tarjetas de crédito y a la financiación que ofrecen los bancos a sus clientes. La nueva regulación busca limitar determinadas prácticas que permiten aumentar la capacidad de endeudamiento de un consumidor sin que este haya solicitado expresamente ese crédito.
A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, las entidades financieras no podrán expedir tarjetas de crédito ni ampliar el límite disponible de una tarjeta o línea de crédito por iniciativa propia. Para hacerlo, deberán contar previamente con la petición y el consentimiento expreso del cliente.
La medida forma parte del anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo aprobado por el Ejecutivo, una reforma con la que el Gobierno pretende reforzar la protección de los consumidores y establecer mayores controles sobre la forma en la que se concede y se ofrece financiación.
Más control sobre el crédito
El objetivo es evitar que un cliente se encuentre con una capacidad de gasto superior a la que había solicitado o previsto inicialmente.
De esta forma, un banco no podrá aumentar de manera unilateral el límite de una tarjeta, activar una nueva posibilidad de financiación o poner a disposición del usuario un crédito que este no haya pedido.
La reforma responde, entre otras cuestiones, a la preocupación por aquellas prácticas comerciales que pueden favorecer un mayor endeudamiento.
El hecho de disponer de más crédito no implica necesariamente que el consumidor vaya a utilizarlo, pero sí amplía la cantidad que puede llegar a gastar y, por tanto, la deuda que podría asumir.
Durante años, algunos bancos han recurrido a estrategias comerciales que incluían el aumento del límite de crédito disponible o el envío de nuevas tarjetas como parte de campañas promocionales o de fidelización.
Aunque estas prácticas solían presentarse como ventajas para el cliente, también podían derivar en un acceso al crédito más amplio del que el usuario había planeado inicialmente.
Precisamente por ello, el Gobierno considera necesario establecer reglas más estrictas que garanticen que cualquier ampliación de la capacidad de endeudamiento responda a una decisión consciente del consumidor y no a una iniciativa unilateral de la entidad.
Conviene recordar que la legislación ya contenía ciertas restricciones en esta materia. La Ley de Servicios de Pago, por ejemplo, introdujo hace años la obligación de que las entidades se abstuvieran de enviar instrumentos que no hubieran sido solicitados por el cliente, salvo en el caso de las renovaciones de tarjetas ya existentes.
Imagen de ilustración.
Sin embargo, el Ejecutivo entiende que ese marco resultaba insuficiente, ya que no impedía otras formas de expansión del crédito, como la ampliación automática de límites o la activación de nuevas líneas vinculadas a productos ya contratados.
Por esta razón, el nuevo anteproyecto amplía el alcance de la regulación y pone el foco en impedir que el crédito disponible pueda crecer sin una petición previa del usuario.
Ahora bien, la reforma no pretende eliminar la oferta comercial de financiación por parte de los bancos. Desde el Ministerio de Economía se ha aclarado que las entidades podrán seguir promocionando productos crediticios o informando a sus clientes sobre préstamos o tarjetas disponibles.
Lo que cambia es el momento en el que ese crédito puede hacerse efectivo, ya que no podrá activarse mientras el consumidor no haya manifestado de forma clara su voluntad de contratarlo.
En otras palabras, las entidades financieras podrán continuar anunciando préstamos preconcedidos o tarjetas disponibles para determinados clientes, pero la concesión efectiva del crédito deberá producirse únicamente cuando el usuario confirme que desea utilizarlo.
Este matiz resulta importante porque mantiene el funcionamiento habitual del mercado crediticio, aunque introduce una barrera adicional para evitar concesiones automáticas.
![Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11338067.jpg?p=w:320\/h:240&h=zxFY4hwg"])
Otro de los aspectos relevantes de la reforma será el establecimiento de límites al coste del crédito, una medida que busca frenar situaciones de usura en determinados productos financieros.
Este cambio tendrá especial impacto en las tarjetas revolving, un tipo de tarjeta de crédito que permite pagar las compras en cuotas mensuales y que se ha convertido en uno de los instrumentos más controvertidos del mercado por sus elevados tipos de interés.
La normativa también contempla restricciones en el coste de los descubiertos en cuenta, además de reforzar las obligaciones de transparencia que deberán cumplir las entidades cuando ofrezcan financiación.
En este contexto, el Banco de España asumirá un papel más relevante en la supervisión del sector, ya que el control no se limitará únicamente a los bancos tradicionales, sino que se extenderá también a otras empresas que conceden crédito al consumo, incluidas plataformas digitales.
Este punto es especialmente significativo porque en los últimos años han surgido numerosas compañías tecnológicas y financieras que ofrecen financiación rápida a través de internet o aplicaciones móviles.
Con la nueva regulación, todas ellas deberán someterse a un marco de supervisión similar al que ya se aplica a las entidades financieras tradicionales.
Además, la ley introduce cambios que afectan al comercio y a las empresas que utilizan la financiación como herramienta para incentivar las ventas.
Si una compañía quiere ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar una compra a plazos con intereses, deberá hacerlo a través de una entidad financiera autorizada o mediante un intermediario regulado. En caso contrario, no podrá aplicar costes financieros por ese aplazamiento.
