Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social de España.

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social de España. Imagen de archivo

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Ya es oficial: el Gobierno obligará a que las llamadas comerciales empiecen por el prefijo 400 desde octubre

Las llamadas comerciales no deseadas tienen los días contados: el Gobierno obliga a identificarlas con un prefijo claro para frenar el spam y las estafas.

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Las llamadas comerciales no solicitadas siguen siendo una de las principales quejas de los ciudadanos en España. A pesar de las restricciones ya vigentes, muchos usuarios continúan recibiendo comunicaciones insistentes, en ocasiones incluso con fines fraudulentos.

En los últimos años, el problema ha ido en aumento. Ya no se trata solo de ofertas comerciales, sino también de intentos de estafa que utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, como la suplantación de identidad o el uso de números aparentemente fiables.

Para tratar de poner freno a esta situación, el Gobierno ha decidido dar un paso más con nuevas medidas dentro de su estrategia contra el fraude digital. El objetivo es claro: facilitar que los ciudadanos identifiquen estas llamadas y reducir su impacto.

Identificación de llamadas comerciales

Una de las principales líneas de actuación pasa por mejorar la identificación de las llamadas comerciales. El Ministerio para la Transformación Digital trabaja en la creación de rangos de numeración específicos que permitan reconocer este tipo de comunicaciones antes incluso de descolgar el teléfono.

Aunque se ha hablado de la posibilidad de utilizar un prefijo concreto, como el 400, lo cierto es que esta medida todavía no está definida como obligación legal en esos términos. Se trata, por ahora, de una propuesta en estudio dentro de un plan más amplio para ordenar este tipo de llamadas.

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Lo que sí está claro es la intención del Ejecutivo de obligar a las empresas a utilizar sistemas que identifiquen de forma transparente el carácter comercial de la llamada. Además, las operadoras tendrán un papel clave en este proceso, ya que deberán colaborar en el control y bloqueo de comunicaciones irregulares.

Este refuerzo llega en un contexto en el que ya existe una normativa previa. Desde junio de 2023, las llamadas comerciales sin consentimiento están prohibidas en España, salvo que exista una relación contractual previa con el usuario.

Bloqueo de SMS fraudulentos y más control

Donde sí hay avances más concretos es en el ámbito de los mensajes de texto. El Gobierno ha puesto en marcha un sistema para combatir el llamado “smishing”, es decir, las estafas a través de SMS que simulan proceder de bancos o empresas conocidas.

La nueva normativa obligará a las compañías a registrar sus alias —el nombre que aparece como remitente— en una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De esta forma, las operadoras podrán bloquear automáticamente los mensajes que no estén debidamente identificados.

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Esta medida busca evitar que los usuarios reciban comunicaciones falsas que les inciten a pinchar en enlaces fraudulentos o facilitar datos personales. En los últimos años, este tipo de estafas ha crecido de forma notable, aprovechando la confianza que generan los nombres de entidades reconocidas.

Además, las operadoras también deberán ofrecer herramientas para que los usuarios puedan bloquear este tipo de comunicaciones de forma más sencilla, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas o registros adicionales.

En conjunto, estas medidas reflejan un cambio de enfoque por parte del Gobierno, que busca reforzar la protección del usuario frente a prácticas cada vez más agresivas.

Aunque algunas de las propuestas, como la identificación mediante numeración específica, aún están en fase de desarrollo, el mensaje es claro: el control sobre las llamadas comerciales y las estafas digitales será cada vez mayor.

Para los ciudadanos, esto se traduce en una mayor capacidad para distinguir entre comunicaciones legítimas y fraudulentas, y en una reducción progresiva de un problema que lleva años afectando a millones de personas en España.