Imagen de ilustración de un gato en el veterinario.
Reino Unido da una lección a España con los veterinarios: limitará los precios de las recetas a 24 euros
La intención es eliminar ese sobrecoste que, en la práctica, frenaba a muchos propietarios a la hora de buscar opciones más económicas fuera de su clínica habitual.
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El veterinario en España ha pasado en pocos años de ser un servicio relativamente estable a convertirse en un lujo al que solo pueden acceder unos pocos. Según los datos de las pólizas, el coste medio de una consulta básica oscila entre 25 y 45 euros, mientras las urgencias pueden superar los 100 euros y el mantenimiento anual puede rondar los 130 euros al mes.
A medida que aumenta el gasto, también crece la sensación de falta de control sobre los precios y las decisiones clínicas. Muchos dueños de mascotas se enfrentan a presupuestos poco claros o a costes que solo se conocen una vez iniciado el tratamiento, lo que complica la planificación y limita la capacidad de comparar entre opciones.
En paralelo, otros países europeos han comenzado a cuestionar el funcionamiento del sector y a plantear reformas más ambiciosas. Es el caso de Reino Unido, donde se han implementado medidas destinadas a reforzar la transparencia y, sobre todo, a limitar ciertos costes, como el de las recetas.
Un giro en el mercado veterinario
La actuación de la Autoridad de Competencia y Mercados introduce un cambio relevante en el mercado veterinario del Reino Unido.
Tras un análisis prolongado, el organismo detectó que el sistema no estaba funcionando de forma clara ni competitiva para los usuarios.
En concreto, identificó falta de transparencia en los precios, una presencia creciente de grandes grupos empresariales y ciertas prácticas que dificultan comparar entre clínicas.
Como resultado, muchos propietarios terminaban eligiendo con poca información y pagando más de lo necesario sin ser plenamente conscientes de ello
Uno de los elementos más llamativos era el coste de las recetas. En muchos casos, los propietarios debían pagar más de 30 libras simplemente por obtener el documento necesario para comprar un medicamento fuera de la clínica.
Esto generaba un efecto disuasorio claro: aunque existieran alternativas más baratas, el coste añadido hacía que muchos optaran por adquirir los fármacos directamente en el propio centro veterinario, donde los precios suelen ser más elevados.
Precisamente este funcionamiento es el que ha llevado a la Autoridad de Competencia y Mercados a intervenir y tomar medidas concretas, entre ellas fijar un máximo cercano a los 24 euros por receta.
La intención es eliminar ese sobrecoste que, en la práctica, frenaba a muchos propietarios a la hora de buscar opciones más económicas fuera de su clínica habitual.
La lógica es sencilla pero potente: si el coste de acceder a una receta se reduce, aumentará la competencia entre proveedores de medicamentos y, con ello, bajarán los precios finales para el consumidor.
La transparencia de las clínicas veterinarias
Sin embargo, el problema no se limitaba a este aspecto. La investigación reveló que menos del 40% de las clínicas ofrecían información clara sobre sus tarifas en internet.
Esto impedía comparar servicios de forma efectiva y dejaba a los propietarios en una posición de desventaja, obligados a tomar decisiones sin conocer de antemano el coste real de los tratamientos.
A esta falta de transparencia se suma la creciente concentración del sector, en el cual muchas clínicas forman parte de grandes grupos empresariales, algo que no siempre se comunica de forma visible.
Imagen de ilustración de un perro en el veterinario.
Este detalle tiene implicaciones directas en los precios, ya que estas cadenas llegan a cobrar, de media, un 16,6% más que los centros independientes. Sin información clara sobre la titularidad, el cliente no puede valorar si está ante una opción más cara dentro del mercado.
Son todos estos datos los que han obligado a la autoridad británica a intervenir de forma estructural, estableciendo reglas que obliguen a todos los actores a competir en condiciones más transparentes.
Más allá del límite en las recetas, las clínicas deberán proporcionar presupuestos por escrito cuando los tratamientos superen las 500 libras, lo que introduce un nivel de previsibilidad que hasta ahora no siempre existía.
Además, se desarrollarán herramientas para comparar precios entre establecimientos y se reforzarán los mecanismos de reclamación, facilitando que los usuarios puedan cuestionar prácticas abusivas.
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El contraste con España resulta inevitable. Unido al coste de las recetas y tratamientos, la falta de transparencia en las clínicas españolas es una de las mayores preocupaciones entre los propietarios de mascotas.
Existen quejas comunes sobre la falta de explicaciones detalladas con respecto a la salud de la mascota o, incluso, es frecuente encontrar sorpresas en la factura final, con una falta de desglose claro de los costes de los servicios.
Mientras España continúa ignorando esta situación, en Reino Unido ya han tomado medidas con el fin de devolver al consumidor el control sobre sus decisiones.
La información deja de ser un privilegio del proveedor para convertirse en un derecho básico del cliente, algo fundamental en un sector donde las decisiones suelen tomarse bajo presión y con un fuerte componente emocional.
