Los economistas coinciden: congelar el precio de la vivienda hará que los propietarios lo suban en 2027

El Gobierno de España publicó el pasado 21 de marzo en el Boletín Oficial del Estado el real decreto en el que se estipulaba la congelación de los alquileres hasta finales de 2027 con el fin de aliviar la economía de un gran porcentaje de ciudadanos.

El acceso a la vivienda en nuestro país, tanto la compra como el alquiler, supone una de las principales preocupaciones de los españoles. Un tema en el que el economista Gonzalo Bernardos ha vuelto a poner el foco de atención.

En una reciente intervención en laSexta Xplica, el profesor de la Universidad de Barcelona cargó contra la política pública en esta materia y lanzó un aviso directo a quienes viven de alquiler y afrontan la renovación de su contrato en los próximos meses.

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Bernardos sostuvo que "muchas de estas personas que finalizarán su contrato en 2027 tendrán que buscar otra vivienda donde vivir, porque hay tanto propietario harto de las imposiciones del Gobierno contra ellos que van a vender esa vivienda". A su juicio, el problema de fondo no es solo el encarecimiento del mercado, sino también la falta de medidas eficaces para ampliar la oferta disponible.

En España, la vivienda se ha convertido ya en el principal problema del país para un 24,3% de los encuestados en el barómetro del CIS de marzo de 2026, un dato que confirma hasta qué punto la crisis habitacional ha escalado en la agenda pública.

Críticas a la estrategia política

Durante su intervención televisiva, Bernardos definió el decreto del Gobierno sobre vivienda como "básicamente un postureo" y añadió una acusación política directa: "Sumar y los Comunes en Cataluña o Más Madrid están siempre con la vivienda, intentando ganar votos, pero no resolver el problema. Porque si buscaran resolver el problema, cambiarían de política".

El economista sostiene que el gran fallo de las administraciones ha sido prometer mucho y ejecutar poco. Su crítica enlaza con una sensación cada vez más extendida entre inquilinos y propietarios: que el debate público gira alrededor de topes, prórrogas y restricciones, pero no logra aumentar de forma suficiente la vivienda disponible a precios asumibles. Esa es la base sobre la que construye su pronóstico para 2027.

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La legislación estatal sí ha introducido cambios relevantes en los contratos. La Ley por el Derecho a la Vivienda incorporó, entre otras medidas, una prórroga extraordinaria de un año en determinados supuestos de vulnerabilidad cuando el arrendador sea gran tenedor, además de trasladar al propietario los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato.

A ello se suma el nuevo índice oficial para actualizar las rentas. El INE publicó para febrero de 2026 un Índice de Referencia de Arrendamiento del 2,16%, creado precisamente para desligar las revisiones anuales del IPC y contener las subidas de los contratos de vivienda habitual.

Una oferta insuficiente

Más allá de la controversia política, los diagnósticos oficiales también describen un mercado bajo presión. El Banco de España señala que el alquiler en España arrastra "un desajuste entre el aumento de la demanda y el de la oferta" en determinadas áreas, especialmente urbanas y turísticas.

Ese mismo informe refleja que el esfuerzo mediano de los hogares que viven de alquiler alcanzó el 22,7% de su renta en 2022, siete puntos por encima de la media de la UE.

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Entre los hogares arrendatarios con menos ingresos, el esfuerzo mediano subió hasta el 43,1%, una cifra que ilustra por qué tantos jóvenes y familias vulnerables quedan fuera del mercado o viven al límite.

El economista subraya además que la propiedad del alquiler en España está poco concentrada y que "destacan los pequeños propietarios". Ese matiz resulta relevante, porque una parte del debate político se ha centrado en los grandes tenedores, mientras que una porción importante del parque arrendado sigue en manos de particulares.

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En el caso de los jóvenes, el problema es aún más visible. El Banco de España recoge que solo el 12,3% de los españoles de entre 18 y 34 años residía en alquiler en 2022, frente al 19,7% de la media de la UE-27, y advierte de que el escaso peso del alquiler a precio reducido limita las posibilidades de emancipación de quienes tienen menos ingresos.

Mensaje a los propietarios

Bernardos cerró su intervención con otra frase que resume su posición sobre la intervención pública en el mercado. "A mí me parece muy bien que los alquileres suban poco, siempre y cuando el Gobierno compense a los propietarios, porque los propietarios pagan impuestos y lo hacen para que la protección social la haga los sucesivos gobiernos", afirmó.

Su planteamiento choca con quienes defienden que el refuerzo de la regulación es imprescindible para proteger a los inquilinos en zonas tensionadas. Pero incluso los organismos oficiales coinciden en un punto: el problema no se resolverá solo con límites a los precios.

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El Banco de España reclama seguir avanzando en el incremento del parque público de alquiler asequible y, al mismo tiempo, en "un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial".