Confirmado por el Código Civil: prohíben a los propietarios tener setos o arbustos de más de 50 cm en sus viviendas

Marzo marca el inicio de la temporada alta en jardines y parcelas privadas. Y es que, con la llegada de la primavera, árboles y setos comienzan a crecer con más fuerza.

Pero con ello, también aumentan los conflictos vecinales por ramas que invaden fincas ajenas o plantaciones demasiado cercanas a la linde.

Aunque muchos propietarios lo desconocen, la distancia a la que se plantan árboles y arbustos no es una cuestión estética, sino legal.

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El Código Civil español establece límites claros que pueden dar lugar a reclamaciones e incluso a procedimientos judiciales si no se respetan.

A partir de marzo, cuando se intensifican las tareas de jardinería, conviene revisar si la vegetación cumple con la normativa vigente para evitar problemas con los vecinos.

Distancias obligatorias

La norma general fija una distancia mínima de dos metros desde la línea divisoria para plantar árboles altos. En el caso de arbustos o árboles bajos, el límite se reduce a 50 centímetros.

Si no existen ordenanzas municipales específicas ni una costumbre local diferente, estas son las referencias obligatorias. El objetivo es evitar que, con el crecimiento natural, las copas o las raíces acaben afectando a la propiedad colindante.

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El artículo 591 del Código Civil establece que no se pueden plantar árboles cerca de una heredad ajena sin respetar esas distancias. Además, el vecino afectado tiene derecho a exigir que se arranquen los ejemplares plantados incumpliendo la norma.

Esto significa que no basta con podar si la plantación es ilegal desde el origen. Si el árbol se colocó a menos distancia de la permitida, el propietario colindante puede reclamar su retirada.

Edificio con setos rodeando el terreno iStock

La llegada de la primavera multiplica las nuevas plantaciones en jardines privados. Por eso, antes de introducir cipreses, laureles o cualquier especie de crecimiento alto, conviene medir bien el terreno.

Además, hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos cuentan con ordenanzas propias que pueden endurecer o matizar estas distancias. En esos casos, la normativa municipal prevalece sobre la regla general.

Invasión de la parcela vecina

Incluso cuando el árbol se plantó respetando la distancia legal, pueden surgir problemas con el paso del tiempo. El crecimiento natural puede hacer que las ramas sobresalgan hacia la finca contigua.

El artículo 592 del Código Civil reconoce el derecho del vecino a reclamar que se corten todas las ramas que se extiendan sobre su propiedad. No puede hacerlo por su cuenta si se trata de ramas, pero sí puede exigir formalmente al propietario que actúe.

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La situación cambia cuando se trata de raíces. Si estas penetran en el suelo del vecino, la ley permite que sea el propio afectado quien las corte dentro de su terreno, sin necesidad de autorización previa.

Este matiz es importante. Mientras que las ramas requieren requerimiento previo, las raíces pueden eliminarse directamente, siempre que la intervención se limite al espacio propio.

En la práctica, muchos conflictos comienzan por pequeñas invasiones que no se atienden a tiempo. Una poda preventiva antes del crecimiento primaveral suele ser la mejor estrategia para evitar disputas.

Árboles medianeros

En el caso concreto de los setos que actúan como separación entre fincas, la ley presume que esos árboles son medianeros, es decir, pertenecen a ambos propietarios.

En estos supuestos, cualquiera de los colindantes puede exigir su derribo. Sin embargo, si el árbol actúa como mojón tradicional (marcando históricamente el límite), no puede arrancarse sin el acuerdo de ambos.

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Aunque el Código Civil no establece multas administrativas de forma directa, sí abre la puerta a reclamaciones civiles. Si un propietario se niega a cumplir con su obligación de poda o retirada, el vecino puede acudir a los tribunales.

Una sentencia puede obligar a ejecutar los trabajos y, en determinados casos, imponer indemnizaciones por daños y perjuicios si se acredita afectación en la vivienda o en el terreno.

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Además, cuando existen ordenanzas municipales específicas, el incumplimiento puede conllevar sanciones económicas. Algunos municipios contemplan multas por falta de mantenimiento de parcelas privadas o por generar molestias a terceros.

Por eso, marzo no solo es el mes de plantar flores y renovar jardines. También es el momento ideal para revisar distancias, controlar el crecimiento y comprobar la normativa local aplicable.