La Audiencia Nacional ha confirmado el remate de una propiedad del entramado societario del número dos del GIL, Pedro Román, embargada en garantía de responsabilidad pecuniaria como condenado, lo que ha permitido a Marbella recuperar, 17 años después, otros 4,4 millones de euros de la trama de corrupción que dio lugar al caso Malaya.

En la ejecutoria, la Sección Primera confirma las resoluciones dictadas con anterioridad por las que se autorizaba la venta en subasta pública de una finca en Marbella a nombre de Development Project, embargada en concepto de indemnización al tramitarse "vía de apremio contra los bienes del penado Pedro Román".

Desde el año 2012 el Ayuntamiento de esta ciudad de la Costa del Sol ha logrado recuperar unos 60 millones de euros debido a la ejecución de diferentes sentencias firmes en relación con los procedimientos de corrupción de la etapa del GIL, como es el propio caso Malaya o los Saqueo.

Del total de lo recuperado, alrededor de 10 millones corresponden a multas que siguen en manos del Gobierno central a la espera de que se articule algún mecanismo que permita al Ayuntamiento disponer de ese montante económico para la ciudad.

En el Consistorio, a cuyo frente se encuentra Ángeles Muñoz (PP), existe gran malestar por esta cuestión y acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) no sólo de no dar "ninguna facilidad en la labor de recuperación de lo esquilmado a Marbella", sino de entorpecerla.

"Recuperar hasta el último céntimo de euro" que le quitaron a la ciudad ha sido prioritario para Muñoz y su equipo, han comentado fuentes municipales, satisfechas de lo logrado, pero conscientes de que aún queda mucho por hacer al respecto, han asegurado.

Han pasado más de tres lustros desde que comenzara la investigación, dirigida desde la Audiencia Nacional, que acabó con la trama de corrupción que originó la operación Malaya en la que se vieron involucrados desde abogados y empresarios a políticos y funcionarios, alcanzando incluso a los máximos responsables del Ayuntamiento de Marbella.

Entre quienes se sentaron en el banquillo, los exalcaldes marbellíes Marisol Yagüe y Julián Muñoz; la expareja de éste, Maite Zaldívar, y su hermano Jesús; el exgerente de urbanismo del Ayuntamiento durante el Gobierno de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, a quien se considera el cerebro de toda la trama; y otro de los hombres fuertes del GIL en aquel momento, Pedro Román