La Junta, por fin, construirá VPO en Málaga: 8,3 millones para levantar 50 pisos sociales en El Perchel

Tras años sin una sola vivienda de protección oficial (VPO) en Málaga, la Junta de Andalucía pone en marcha la maquinaria para impulsar con fondos propios 50 pisos sociales en la calle Cerrojo, en pleno barrio de El Perchel.

Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED). El plan incluye la licitación de los trabajos, valorados en unos 8,3 millones de euros, en febrero del año que viene.

Díaz ha puesto en valor que se desbloquea una operación residencial que llevaba 20 años atascada.

Durante su intervención en la clausura del evento, la consejera ha destacado el papel de la vivienda protegida como "una prioridad compartida por administraciones, empresas y sociedad civil". "Todos compartimos la misma idea: garantizar que las familias puedan acceder a una vivienda", ha afirmado.

En ese sentido, ha remarcado que Málaga se sitúa como ejemplo de cómo se están llevando a cabo medidas por parte del Gobierno andaluz.

Al anuncio de las 50 VPO, ha añadido la construcción del nuevo barrio en el sector Universidad, con más de mil viviendas protegidas en alquiler. Esta gran promoción cuenta con 53 millones en ayudas a promotores concedidas con fondos del Plan Vive en Andalucía, del plan estatal y de fondos europeos Next Generation.

Por otro lado, ha destacado la reactivación del desarrollo residencial de Lagar de Oliveros, que llevaba más de 15 años paralizado.

Hace sólo unas semanas se inició la redacción del proyecto de urbanización y reparcelación de estos terrenos, donde, de la mano de la colaboración público-privada, se prevé levantar 2.806 viviendas, la mayoría de ellas protegidas.

El diálogo, única vía en vivienda

Díaz ha defendido en su intervención la vía del "diálogo, la colaboración y la cercanía" para avanzar en políticas de vivienda y alejarse de "medidas impuestas o alejadas de la realidad".

Sobre esto último, ha advertido que "legislar sin contar con el sector provoca medidas contrarias a los intereses de la sociedad", en alusión a la Ley Estatal de Vivienda, que "ha ocasionado menos viviendas, más dificultades de acceso y más inseguridad jurídica".