¿Queda activada la cuenta atrás para que el colectivo de la La Invisible abandone el edificio okupado de manera irregular desde hace más de 17 años? A tenor de la interpretación que hace el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga de una reciente sentencia judicial, adelantada en primicia por EL ESPAÑOL de Málaga, puede que así sea.

La determinación del Consistorio es la de pedir la ejecución del fallo judicial, que avala de manera clara su pretensión de recuperar el inmueble, de titularidad municipal. En estos términos se ha pronunciado este viernes la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, quien ha mostrado "satisfacción" ante el último episodio en los tribunales. 

"Se pronuncia en términos tan claros, en términos tan rotundos, tan taxativos, que poco margen deja a la interpretación jurídica", ha afirmado. Al ser preguntado por los próximos pasos, ha confirmado que se actuará conforme a lo que determinen los servicios jurídicos municipales.

En este sentido, ha remarcado que se pronuncia de manera contundente sobre la recuperación del inmueble, además, "con cargo al interés general", remarcando que el fallo también rechaza que los actuales okupantes tengan derecho a ser indemnizados o a recibir la cesión del edificio.

En la resolución, emitida el pasado 19 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga, éste rechaza por completo todos los recursos formulados hasta el momento por La Invisible y por la Fundación de los Comunes en contra de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento relacionados con, por ejemplo, denegar la petición de cesión del inmueble, o con la recuperación del bien.

El juzgado considera que el uso público del bien "ha sido obstaculizado" debido a su okupación, "sin mediar autorización de la Administración, mediante una mera actuación fáctica, cambiando la cerradura, negándose los ocupantes a facilitar la entrada ni a abrir la puerta a la policía".

Y se asume que vencida la autorización temporal otorgada para el desarrollo del proyecto cultural, sustentado en el protocolo de intenciones de 17 de enero de 2011, "el edificio se encuentra ocupado sin título habilitante alguno desde enero de 2012". "El colectivo viene ocupando el edificio sin título jurídico alguno", se añade en la sentencia.