El palo económico que van a sufrir las arcas del Ayuntamiento de Málaga por la expropiación de un solar de escaso o nulo interés ciudadano en la zona Este de la capital de la Costa del Sol va a alcanzar los 10,5 millones de euros. Esta es la suma que finalmente va a abonar la Gerencia de Urbanismo a la empresa Capel Sur por una parcela de unos 13.000 metros cuadrados situada en Paseo Salvador Rueda. 

El expediente que ahora parece llegar a término, hunde sus raíces en el año 2003, cuando la mercantil exigió al Consistorio la expropiación forzosa del citado terreno, acogiéndose a la figura del ministerio de ley, aplicable a suelos calificados en el anterior planeamiento como sistemas locales de espacios libres.

Tras una reclamación inicial por parte de la empresa de 49 millones de euros, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió un fallo judicial en abril de 2022 en el que rebajaba significativamente la compensación económica, que quedó rebajada a 7,7 millones. 

Aunque muy lejos de lo pretendido por el privado, la cantidad multiplicaba por seis la valoración de Urbanismo. Con la sentencia del alto tribunal andaluz sobre la mesa, el Consistorio planteó un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo, que ha mantenido el pronunciamiento inicial.

De los 7,7 millones fijados por los tribunales, el Ayuntamiento ya ha pagado en diversas anualidades casi 4,7 millones, restando otros 3.040.608 euros del justiprecio establecido, así como los intereses de demora acumulados en estas dos décadas, que alcanzan los otros 2.732.858 euros (a ellos hay que sumar casi 654.000 euros que tiene que pagar la Comisión Provincial de Valoraciones).

El pago de los 5.773.446 euros resultantes de esos dos conceptos va a ser objeto de debate y aprobación en el próximo Consejo de Urbanismo, que tendrá lugar este jueves 14 de diciembre. 

Las expropiaciones forzosas por ministerio de ley, como la recogida en este expediente, han sido durante años una amenaza cierta para la estabilidad económica del Consistorio. Son numerosas las demandas formuladas por promotoras como Capel Sur que aprovechando la laguna del planeamiento han reclamado cantidades millonarias por zonas verdes de difícil aprovechamiento. 

Muestra del impacto que estas operaciones han tenido sirva de ejemplo las ocho sentencias firmes emitidas por los tribunales hace varios años, que elevaron el coste de las operaciones a 17 millones de euros. Todas estas enajenaciones tienen como denominador común que sus propietarios, en su mayoría promotoras que se hicieron con esos suelos a costo bajo, instaron a Urbanismo la expropiación de los mismos por ministerio de ley una vez superado el plazo de 4 años en el que estaba obligado a realizar la obtención. 

Otros casos

Pero con el añadido de que exigieron cuantías muy superiores a las que desembolsaron para hacerse con las fincas. Así, los dueños de 18 parcelas dibujadas como zona verde en el plan de 1997 llegaron a reclamar casi 300 millones, frente a los 11 millones en las que fueron valoradas por los técnicos municipales.

Uno de los supuestos que guarda cierta semejanza a lo ocurrido ahora fue una sentencia del Supremo, a finales de 2018, fijando el pago de 5,5 millones de euros por 6.444 metros cuadrados de zona verde junto a la sede del OMAU. Un terreno de imposible disfrute vecinal, ya que dos terceras partes del mismo presenta una pendiente del 80%. 

Otro referente de la situación con la que ha tenido que lidiar el Ayuntamiento durante la última décadas fue la expropiación de 21.881 metros cuadrados de zona verde en el Monte Gibralfaro, junto al colegio El Monte. La misma le costó 3,6 millones a la empresa Parque Málaga, que reclamó 68 millones. 

En una primera decisión judicial, el TSJA rebajó la indemnización a 34,6 millones, decisión que, tras el recurso municipal al Supremo, fue modificado de manera significativa. La sentencia firme situó el justiprecio de los suelos en 4,8 millones de euros.

Este caso contrasta con lo ocurrido con otros terrenos en la calle Jacques Capeluto, que los propios técnicos municipales llegan a considerar "de imposible edificación". Los 4.800 metros de la parcela le han costado al Consistorio, con sentencia firme, 6,2 millones, muy por encima de los 573.000 euros en los que lo tasó Urbanismo. 

Mucho más benévolas son otras sentencias. Una de ellas tiene también a Capel Sur como protagonista. Se trata de un suelo de 4.500 metros en la calle Monte de Sancha. La promotora reclamó 18,2 millones, pero el TSJA asumió como válido el justiprecio de los técnicos municipales, que lo valoraron en 465.000 euros. 

Y en esta misma línea, lo sucedido con un terreno en Cañada de los Ingleses, por el que fuera responsable de la promotora Aifos llegó a reclamar 21 millones. El Supremo redujo la suma a 923.000 euros.