Lejos de que lo pudiera pensarse meses atrás, cuando todo indicaba que la promotora Urbania tenía el camino expedito para comprar por unos 66 millones de euros los aprovechamientos urbanísticos que tiene en propiedad el Ayuntamiento de Málaga en los antiguos terrenos de Repsol, la operación se enquista.

Así se desprende del contenido del último acta de la mesa de contratación reunida el pasado 21 de julio, en el que se recoge un informe jurídico según el cual la operación de construcción de las tres torres a las que tendría derecho Urbania "queda en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme" respecto al contencioso impulsado por Bosque Urbano.

Y ello, a priori, supone un revés considerable en las aspiraciones tanto del Ayuntamiento, que incluso manejaba para este año disponer de ciertos ingresos en sus arcas, como para la promotora. Pese a ello, la mesa de contratación valida la propuesta de adjudicación de los activos municipales en favor de las dos sociedades de Urbania, las únicas que se han mantenido en el procedimiento.

Pese a ello, el escenario en el que se mueve esta gran actuación, hace que las dudas sobre el futuro de los terrenos se reabran. De hecho, la propia Urbania llegó a plantear la posibilidad iniciar "acciones de responsabilidad civil/enriquecimiento injusto/responsabilidad patrimonial de la administración que le correspondan". 

En un escrito presentado el pasado 13 de junio (casi dos meses después de que se supiese que suyas eran las únicas ofertas que se mantenían en pie en la compra de estos activos), la empresa reclamó “aclaración” sobre las consecuencias de la "eventual estimación” de la demanda interpuesta en su día por Bosque Urbano, que pudieran conllevar “la anulación de las transmisiones inmobiliarias objeto de la presente licitación".

Ante este supuesto, reclamó a la Gerencia de Urbanismo saber si en el supuesto de que sea formalizado el contrato de compraventa y antes de que se resuelva el contencioso judicial que pesa sobre la operación, "podrán obtener licencia de obra y dar cumplimiento a los deberes de edificar y urbanizar derivados de los pliegos de la licitación y del planeamiento urbanístico". 

Asimismo, se interesa por saber si en caso de no poder prosperar en el desarrollo de la actuación, la Administración local "reintegraría no sólo las cantidades entregadas por la transmisión de las parcelas, sino también los importes invertidos en la edificación y urbanización de las mismas, de producirse una eventual estimación de las pretensiones del recurrente". 

Desde Urbanismo, la respuesta es clara, recordando que los bienes objeto de la enajenación fueron calificados como "litigiosos", extremo que era conocido por Urbania cuando decidió mantener sus ofertas. Una decisión que contrastó con la adoptada por el resto de licitadores originales, que optó por abandonar la operación. De hecho, desde el Consistorio se insistió en que continuar en el procedimiento implicaba hacerlo sin condicionantes.

En este sentido, en el acta se destaca que la advertencia de "acciones diversas" por parte de Urbania "es incompatible con la condición de bienes litigiosos y los términos en que se puede adjudicar el contrato y por ende formalizar la compraventa". Aclarándose que deberá constar en la escritura pública en que se formalice la enajenación "la asunción por el adquirente de las consecuencias y riesgos derivados del litigio".

Respuesta del Ayuntamiento de Málaga

Desde el Ayuntamiento de Málaga, tras desvelarse el contenido del informe jurídico de Urbanismo sobre la operación de Repsol, se ha aclarado que el evidente revés no impide la venta final de los terrenos en favor de Urbania, acto que podría tener lugar el próximo mes de septiembre, ni el otorgamiuento de las licencias de construcción en las parcelas de Repsol. 

Asimismo, se informa de que la transformación urbanística del sector, sobre el que se prevé un gran parque de cerca de 80.000 metros cuadrados, "no resulta afectada por el procedimiento judicial". Se alude de manera precisa al proyecto de urbanización de los terrenos, que se encuentra pendiente de aprobación definitiva.

Conforme a los detalles aportados, tampoco se ve afectada la tramitación administrativa a efectos de licencia de edificación y construcción del resto de fincas, caso de la que tiene en propiedad la SAREB (con derecho a 402 viviendas libres y 19.141 metros de uso terciario); y otras dos destinadas a viviendas de protección oficial (212 y 188 VPO, respectivamente).