El sueño de Málaga de ver unido todo su litoral este con un carril bici queda definitivamente enterrado. La Junta de Andalucía se da por vencida tras varios años de estudio, propuestas y negociaciones con la Dirección General de Costas, a la que responsabiliza del fracaso de la operación. De hecho, asegura que el organismo estatal ha llegado a exigir como condición para permitir esta infraestructura el derribo previo del restaurante Antonio Martín.

De acuerdo con la información trasladada a este periódico por la Consejería de Fomento, que estaba al frente de esta iniciativa, la actuación "queda en suspenso" ante la continua negativa del organismo estatal a avalar la ampliación del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso para la inclusión de una plataforma exclusiva para las bicis.

El pronunciamiento oficial de la Administración regional es una muy mala noticia para la apuesta de la ciudad en materia de movilidad sostenible. La anulación de este ramal, uno de los más reclamados por la ciudadanía desde hace años, viene a coincidir con el inmediato arranque de las obras de otro carril bici que va a unir el Centro histórico con el pasado marítimo.

Al impacto que tiene sobre la estrategia de ciudad se suma la obligación de la Junta de reubicar los 2,2 millones de euros concedidos por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation a este proyecto. 

La propuesta, que viene rechazando Costas desde hace años, dibujaba el carril bici desde el restaurante Antonio Martín hasta conectar con el carril existente en los Baños del Carmen. Para ello, los técnicos planteaban ampliar el ancho del paseo en 2,8 metros en dirección a la playa. 

Con esta medida, según precisan, se lograba recuperar como zona peatonal una anchura del paseo similar a que pasaría a ocupar la nueva vía ciclista, de 2,5 metros de ancho, así como la construcción de un carril runner de 1 metro.

El diseño incluía en la última zona del paseo marítimo una pasarela en voladizo para ampliar el ancho de la plataforma salvando el talud de escollera que abriga el paseo en la zona de Bellavista. 

Pese a que en 2017 hubo un primer pronunciamiento favorable por parte de Costas, en el que se daba el visto bueno a la ampliación por entender que se hacía sobre una zona de dominio público degradado, la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitió un segundo informe desfavorable en diciembre de 2021, en contra del criterio inicial.

Opción de modificar el diseño

Tras esta negativa se han sucedido varias reuniones entre las dos administraciones en el intento de acercar posiciones y llevar a cabo la actuación. De hecho, según la propia Junta, se puso sobre la mesa de Costas la posibilidad de modificar el proyecto reduciendo la anchura de ocupación en dominio público marítimo-terrestre, pasando de 2,8 metros a 1,6. A esta variación se sumó la posibilidad de intercambiar superficies con la cesión de varias plazas existentes en el paseo a zona de playa a cambio de la ampliación del mismo.

Si bien este intercambio parecía viable, "de nuevo se ha convertido en una nueva negativa, ya que además de esta permuta de superficies, desde la Demarcación se impone como condición la demolición del Antonio Martín, condición no asumible por las partes".

Se da la circunstancia de que actualmente se mantiene en duda el futuro del histórico restaurante de la capital de la Costa del Sol. Y ello porque a finales del año pasado, la Dirección General de Costas emitió un informe favorable a la pretensión de la Junta de otorgar una nueva concesión a los actuales explotadores del negocio hostelero, aunque con condiciones ciertamente llamativas. 

La principal es que, con el Reglamento de Costas en la mano, la superficie máxima que podrá ser autorizada será de 300 metros cuadrados, frente a los alrededor de 1.500 otrora permitidos.

Ese pronunciamiento permite, al menos, despejar parcialmente el conflicto en el que se había convertido el asunto de la concesión de Antonio Martín. El origen del mismo se remonta a finales de 2021, cuando se conoció que Costas emitió una orden de desalojo y derribo del local, buscando dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la decisión de la Junta de Andalucía de dar por extinguida la concesión original.