135 años de historia arropan al restaurante Antonio Martín, en Málaga capital. Una larga vida para un negocio que en las últimas décadas ha estado sometido a no pocos avatares, incluyendo la anulación de la concesión para su explotación y una amenaza de desalojo y demolición que parece haber sorteado. Sin embargo, la sombra de duda sobre el establecimiento sigue sin desaparecer.

Porque si bien es cierto que esta misma semana se ha conocido la posición favorable de la Dirección General de Costas (mismo organismo que hace casi un año decretó su derribo) a que la Junta de Andalucía tramite una nueva concesión, el apoyo tiene letra pequeña. O grande, según se mire.

La disposición del ente estatal abre la puerta a que la actividad hostelera se mantenga y se "regularice", pero con la condición de que reduzca de manera drástica sus actuales dimensiones. De los alrededor de 1.500 metros cuadrados ocupados en dominio marítimo terrestre, habría de bajar a 270 metros de restaurantes más 30 metros de aseo.

Es decir, a una quinta parte. ¿Es por tanto posible que la piqueta sea protagonista en el futuro inmediato de Antonio Martín? No es descabellado pensarlo a tenor de lo recogido en el informe de Costas. Aunque EL ESPAÑOL de Málaga no ha tenido acceso al mismo, fuentes conocedoras sí han indicado que viene a concluir la necesidad de que la nueva concesión, que habrá de otorgar la Administración regional, "deberá someterse a la superficie máxima prevista". 

Y ello, de facto, implica que el exceso de metros cuadrados ahora existentes "no puede subsistir". No obstante, estas mismas fuentes hablan de la gestión que tiene que realizar ahora la Junta, que desde hace meses viene trabajando para impedir la desaparición de Antonio Martín, alegando, entre otras, la existencia de razones de "interés general".

¿Podría darse la posibilidad de que pese al informe de Costas, en el que se remarca la referencia a la superficie legal, la Junta otorgue una concesión por una superficie superior? Parece complicado que sea así, aunque no es descartable. 

Juega en contra de Antonio Martín el hecho de que sobre este edificio no pesa protección arquitectónica que pueda alterar el planteamiento de Costas. Algo que, por el contrario, sí ocurre con los Baños del Carmen, que sigue pendiente a día de hoy de que la Junta incoe el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Una salvaguarda que garantizará su protección y mantenimiento.

El episodio de Málaga, que adquiere una dimensión mayor por la raigambre del restaurante, guarda parecido con el ocurrido estos días en Galicia, donde la aplicación de la Ley de Costas un chiringuito de la playa de A Madalena propiedad del Concello de Cabanas ha tenido que reducir su superficie de 600 metros cuadrados a 300. 

La Junta no ha estado sola en el camino de la defensa del restaurante. El propio Ayuntamiento de la ciudad también argumentó ante Costas los motivos por los que era razonable proteger el inmueble. En este sentido, adujo que se trata de un negocio "consolidado en la historia de la ciudad de Málaga, al formar parte como hito importante del origen del barrio de La Malagueta, contando con una antigüedad de más de 135 años de historia". Queda por ver si son razones suficientes para que el impacto de la exigencia de Costas sea menor del esperado.