Vuelta de tuerca que puede ser definitiva en el contencioso que pesa sobre la venta de las torres del Ayuntamiento de Málaga en los antiguos suelos de Repsol. La Gerencia de Urbanismo da un golpe sobre la mesa y ha solicitado la ejecución de la condena en costas que pesa sobre Bosque Urbano, colectivo que reclamó judicialmente la suspensión de la enajenación de estos aprovechamientos urbanísticos. 

Una penalización que, de acuerdo con los cálculos realizados por el organismo municipal, se traduce en 223.500 euros. La cifra final es resultado de la toma en consideración del valor de licitación de la venta del suelo municipal, en subasta por un precio de 43,7 millones de euros (sin IVA).

Así lo ha confirmado este lunes el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien ha explicado que Urbanismo busca con ello actuar conforme a lo determinado por su Asesoría Jurídica y aplicar la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo.

El paso adelante de Urbanismo se produce después de que a principios del pasado mes de septiembre, el juzgado rechazase la petición de medidas cautelares realizada por el colectivo ciudadano, que desde hace años se viene oponiendo al proyecto residencial y terciario planificado sobre esta parcela. Por el contrario, defiende el destino de todo el terreno a parque.

"Hemos solicitado la condena en costas del solicitante", ha explicado López, quien ha subrayado que con esta decisión el ente municipal "quiere ser justo; hemos actuado conforme a jurisprudencia". Preguntado sobre si puede ser determinante para que Bosque Urbano abandone la lucha judicial, el concejal ha eludido hacer juicios de valor al respecto.

Parece evidente que si va adelante la exigencia municipal, la capacidad real de Bosque Urbano para hacer frente al pago de las citadas costas se antoja nula. Hay que recordar que para poder activar el contencioso judicial contra la venta de las torres, el colectivo tuvo que poner en marcha una especie de recaudación de fondos. 

Desde Bosque Urbano se apuntana la intención de recurrir la petición realizada por el Consistorio, indicando que habrá que esperar a lo que determine el juzgado sobre este particular.