El fantasma de las expropiaciones de suelo pasadas vuelve a golpear la puerta del Ayuntamiento de Málaga. Y lo hace, con en la mayoría de ocasiones, para obligarle a desembolsar sumas millonarias por terrenos que suelen tener poca o nula utilidad. Esto es justamente lo que acaba de suceder con la enajenación de una parcela en la zona Este de la capital de la Costa del Sol, cuya enajenación forzosa, aplicando la fórmula del Ministerio de Ley, fue activada por la propiedad de la misma hace ahora 19 años.

Casi dos décadas después, el próximo Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, a celebrar el próximo martes, incluye en su orden del día el acuerdo mediante el que dar luz verde al pago de casi 4,4 millones de euros por una finca de 1.637,08 metros cuadrados de superficie que aparecía como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997.

La cuantía final fue determinada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una sentencia de 2020, que cobró firmeza en octubre de 2021. Los citados 4,4 millones (que incluyen 1.236.180 euros en concepto de intereses de demora) multiplican por 26 los 168.060,18 euros en los que fueron tasados los terrenos por los técnicos municipales. Una cuantía que ya fue abonada en su momento a la promotora. 

La cifra final es igualmente muy superior al precio fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones, que elevó la compensación a algo menos de 600.000 euros. Al mismo tiempo, puede decirse que la reclamación que en primera instancia hizo la empresa propietaria, Capel Faro, S. L., alcanzó los 6.514.951,94 euros.

No es la única expropiación que forma parte del orden del día del Consejo de Urbanismo. Otra enajenación que va a costar mucho más de inicialmente previsto es la de varias fincas en la calle Héroes de Sostoa, cuyo valor final, fijado por el TSJA en una sentencia del pasado mes de febrero es de 1.503.439,04 euros.

Es por ello, que el órgano municipal va a acordar en su próxima sesión llevar a efecto lo determinado por el fallo de la citada sentencia. El acuerdo incluye el abono a los expropiados de 925.974,11 euros en concepto de justiprecio, a los que añadir otros 121.485,80 euros en concepto de intereses de demora. Hay que recordar que de la cifra final, el Ayuntamiento ya abonó cerca de 290.000 euros.