17 viviendas de la barriada malagueña de La Corta acaban de ser recuperadas por la Junta de Andalucía tras descubrirse que eran utilizadas única y exclusivamente como plantaciones de cannabis. Los hechos han sido conocidos tras el desarrollo de una operación policial que ha permitido el registro de un total de 27 casas y que se ha saldado con la incautación de 4.000 plantas y ocho detenciones.

Tras la intervención, tal y como ha dado a conocer este viernes la Consejería de Fomento, se ha procedido al tapiado de los 17 inmuebles, con el objeto de que no sean nuevamente ocupados mientras se ejecutan los trabajos de acondicionamiento necesarios y se asignan a familias que sean propuestas por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

De acuerdo con la información remitida por el ente autonómico, las otras viviendas que también fueron registradas sí estaban ocupadas por familias, aunque no todas ellas de manera regular. Pese a ello, los agentes pudieron comprobar que había habitaciones que también estaban destinadas al cultivo de marihuana. 

Una de las viviendas tapiadas en La Corta por la Junta de Andalucía.

Dado que se trata de familias con hijos menores y en algunos casos hay mujeres embarazadas, la Junta ha acordado "permitir su permanencia en las viviendas, dando traslado de la situación de todas ellas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para que se adopten las decisiones oportunas en cuanto a protección de los menores, que convivían con estas plantaciones, las cuales fueron retiradas por la Policía".

Esta operación policial fue instada por el Juzgado nº 7 de Málaga por posibles delitos contra la salud y defraudación de fluido eléctrico. Ha sido coordinada por la Policía Nacional, tanto con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como con el Instituto Municipal de la Vivienda. 

La promoción de la que forman parte estos inmuebles está compuesta por un total de 220 viviendas en La Corta. La misma se construyó en 1993 mediante convenio firmado por la Junta y el Ayuntamiento de Málaga para realojar “temporalmente” a familias que por entonces habitaban en otras viviendas, en su mayoría ruinosas o con condiciones de habitabilidad claramente inadecuadas y que debían ser demolidas para la ejecución de otras promociones. 

Las 220 viviendas fueron cedidas a AVRA en 2007. Desde entonces, se han ejecutado en el barrio tres actuaciones de reparación y rehabilitación de los edificios, y de reurbanización de los espacios públicos, lo que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros.