La Junta de Andalucía acaba de dar luz verde al proyecto de remediación presentado por el Ayuntamiento de Málaga para la limpieza y descontaminación de parte de los antiguos terrenos de Repsol. Una autorización relevante para seguir avanzando en el proceso de aprobación del proyecto de urbanización de una parcela sometida a una subasta millonaria y sobre la que se proyectan cuatro torres de hasta 36 plantas de altura.

En concreto, la actuación planteada por el Consistorio se corresponde con los suelos situados al norte del soterramiento de las vías del tren, espacio en el que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) prevé la construcción de una serie de equipamientos sociales, educativos y deportivos.

Debido a las numerosas mediciones realizadas en los últimos años por empresas especializadas, es esta franja de suelo la que presenta unos niveles de contaminación mayores. Uno de estos trabajos, realizado a finales de 2019 por Ramboll, concluye que los niveles están muy por encima de lo recomendado en el caso de los operarios que trabajen en el aparcamiento subterráneo y en las dependencias técnicas; así como para aquellos que lo hagan en el centro escolar y los estudiantes del mismo. Sobre ello, se llega a decir: "detectando un riesgo potencial de tipo tóxico para la salud de las personas". 

Más a más, se recordaba que en los análisis de sensibilidad desarrollados para los escenarios donde en un principio no se detectó riesgo, "sí que se detecta riesgo potencial para la salud de las personas, concretamente para los trabajadores de la construcción que desarrollen su actividad en la parcela durante las diferentes fases constructivas y/o de urbanización".

Para corregir esta situación, fue diseñado un proyecto de recuperación de la calidad del subsuelo para el sector norte, que incluía "la adición de solución acuosa de agentes surfactantes, para favorecer la movilización de la FNA e hidrocarburos remanentes retenidos en la matriz de la zona de oscilación el nivel freático".

Y es justamente esta actuación la que ahora tiene las bendiciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible. Aunque no sin ciertas observaciones. En concreto, son trece los condicionantes fijados en la resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga y fechada el pasado 3 de marzo.

La primera de ellas es que el visto bueno afecta solo a la zona norte de la parcela, al tiempo que se fija como "condición imprescindible" el cumplimiento de las previsiones del proyecto de urbanización en lo que se refiere a los usos previstos. 

En cuanto a las zonas centro-sur, se precisa que tras constatarse la presencia de hidrocarburos en suelos y aguas subterráneas, "aunque no alcanzando valores que supongan riesgo inadmisible", las prescripciones relativas a la calidad de los suelos se establecerán en el marco del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada del Proyecto de Urbanización del Sector SUNC-O_L.17 Repsol.

Fases de la remediación

Asimismo, desde la Junta se subraya la necesidad de aplicar las técnicas previstas en el proyecto de remediación. El mismo incluye una fase inicial consistente en la realización de las infraestructuras para la remediación, transporte y montaje de sistemas de tratamiento, pruebas y puesta en marcha.

A ésta le sigue una fase activa de tratamiento con la inyección de solución surfactante junto con bombeo y tratamiento del agua subterránea para la eliminación en la máxima extensión posible de la FNA de hidrocarburo y desorción de la matriz de suelo de hidrocarburos. La idea es que esta solución surfactante actúe en un plazo de 5-7 días y posteriormente comenzar las labores de bombeo y tratamiento. 

La tercera fase es la del proceso de control de la calidad de las aguas subterráneas. Para ello, se realizarán seis campañas de muestreo de la red de monitorización durante un periodo de 36 meses de actuación.

El tercer condicionante obliga a hacer un seguimiento de los movimientos de tierra previstos en la urbanización de los terrenos para evaluar la posible afectación en zonas donde no se han identificado durante los estudios de calidad del suelo. 

El Gobierno andaluz también pide que una vez finalizada la fase libre se elabore un nuevo análisis cuantitativo de riesgos (ACR) en relación con valores de presión diferencial entre el interior y el exterior, factor de emisión de partículas y constante toxicológica para TPH, con el objeto de conocer los riesgos reales y la obtención de los valores objetivo.

Previamente al inicio de los trabajos, los promotores deberán contar con autorización de la Administración competente en materia de aguas para el uso del surfactante. También se reclama la designación de una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental en el ámbito de suelos contaminados para la supervisión de los trabajos de descontaminación, control y confirmación del alcance de los niveles objetivo, que deberá certificar los resultados obtenidos. "Esta empresa será distinta e independiente de la persona física o jurídica que efectúe la descontaminación", se indica.