Málaga

El aviso a navegantes lanzado por el Ayuntamiento de Málaga a las empresas dedicadas al alquiler de patinetes eléctricos sigue dando muestras de estar vigente. Tras la cruzada impulsada en las últimas semanas con la retirada de cientos de vehículos mal aparcados en las aceras, da una vuelta de tuerca y abre expediente para anular la autorización administrativa concedida a una de estas firmas: Lime.

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Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Movilidad, José del Río, quien ha precisado que pese a la incoación de este trámite la resolución final puede aún tardar algunas semanas. "La intención es que tarde lo menos posible", ha explicado. 

De hecho, tras el primer movimiento municipal, Lime tiene la posibilidad de formular las alegaciones que considere oportunas. Esta novedad se produce en un momento en que, según algunas fuentes, se observa una evidente disminución de la flota de vehículos de Lime en la capital. El máximo que tiene permitido es de 300.

Aunque no ha querido precisar las razones exactas que han llevado al Consistorio a actuar de este modo tan contundente, Del Río sí ha admitido que se produce ante "los numerosos incumplimientos detectados con el compromiso asumido en el momento en que recibió la autorización". 

Imagen de archivo de varios patinetes de Lime aparcados junto al Palacio de la Aduana, en Málaga.

Lo expresado ahora sigue la línea de lo que hace apenas una semana verbalizó el propio concejal. "Estamos trabajando a tope en este tema y vamos a ser inflexibles con las empresas que estén incumpliendo la ordenanza", dijo, apuntando la posibilidad de revocar alguna de las autorizaciones ya concedidas. Actualmente operan en la ciudad con permiso cuatro empresas: Lime, Link, Dott y Voi.

Estas autorizaciones tienen carácter anual, según se recoge en la ordenanza de Movilidad, en vigor desde finales del año pasado. En el artículo 44 del texto, se especifica la necesidad de que las empresas cumplan unos mínimos para disponer del permiso de funcionamiento. 

Entre ellos se cita el aportar un registro de todos sus VMP, la utilización de un código digital que identifique cada uno de los vehículos, garantizar al Ayuntamiento el acceso a los datos GPS de geolocalización, disponer de seguro de responsabilidad civil que englobe a todos sus dispositivos para la totalidad de daños potenciales por su uso, tanto propios como a terceros. 

También se les reclama que dispongan de un local a efectos de notificaciones, atención al cliente, reclamaciones, solución de incidencias... Tienen que facilitar un teléfono móvil con servicio 24 horas para atender cualquier requerimiento de la Policía Local o del Área de Movilidad.

"Para la renovación anual de la autorización será condición necesaria no contar con ningún vehículo de movilidad personal en el depósito municipal", se destaca en el texto.