Imagen de archivo de Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, en un mitin en Benalmádena.
El balance del Gobierno de Sánchez en Málaga: pocas obras, algunos estudios y una larga lista de proyectos pendientes
La apuesta por el IMEC y por la ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol aparecen como los principales avances de un mandato en el que sigue sin quedar aclarado el horizonte del tren de la Costa del Sol y las soluciones a los atascos de la Ronda Este.
Más información: El estudio clave del tren de la Costa del Sol se retrasa: Málaga tendrá que esperar a 2027 para conocer si el corredor es viable
Málaga mira al Gobierno de España y sigue buscando las obras que durante años ha venido reclamando sin éxito.
La decisión de Pedro Sánchez de dar carpetazo a la legislatura invita a analizar su labor en un territorio en el que la escasez de nuevas inversiones estatales contrasta con su gran contribución a las arcas públicas.
Al hacer balance, el listado de grandes proyectos estatales que han llegado realmente al terreno es mucho más corto que el de infraestructuras que siguen en estudio, pendientes de financiación o esperando el siguiente paso administrativo.
Hay, sin embargo, dos grandes excepciones en este balance: la ampliación del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, valorada en unos 1.500 millones de euros, aunque habrá que esperar hasta 2029 para ver los primeros trabajos sobre el terreno, y la llegada del IMEC.
En el caso del centro de microelectrónica, el Gobierno de Sánchez ha comprometido 500 millones para la ejecución de un complejo llamado a potenciar el papel de Málaga en materia de innovación.
La actuación ha ido avanzando durante la legislatura. Tras formalizar en enero de 2025 el derecho de uso de los 51.300 metros cuadrados de terrenos del PTA donde se levantará, el pasado mes de mayo quedaron adjudicadas las obras de construcción.
A estas dos actuaciones estratégicas hay que agregar las obras de rehabilitación impulsadas en el antiguo convento de San Agustín, que abrirá sus puertas como sede de la Biblioteca del Estado tras una inversión superior a los 21 millones, y la modernización de la sede de Hacienda, adjudicada por unos 23 millones.
Y se da la circunstancia de que ambas operaciones están paralizadas, bien por desavenencias con la empresa constructora o por la necesidad de ajustar el proyecto final a la aparición de restos arqueológicos.
En materia de infraestructuras de movilidad, el mandato sí deja movimientos, aunque solo en el plano teórico, como el impulso del estudio del tren de la Costa del Sol, que tras ser adjudicado en mayo de 2025, no verá la luz hasta los primeros meses del año que viene.
El estudio supone un paso adelante, pero todavía está muy lejos de comprometer una obra. Primero tendrá que definir la alternativa, superar la tramitación ambiental y administrativa y dar paso a las siguientes fases de planificación. El salto entre encargar un estudio y tener máquinas trabajando sobre el terreno es, en este caso, todavía enorme.
Aunque el interés por el trazado del litoral malagueño es máximo, los últimos años han puesto de relieve la debilidad del sistema ferroviario de la provincia. La caída a principios del pasado mes de febrero de un talud en Álora mantuvo cortada durante meses la conexión directa entre Málaga y Madrid.
Un episodio que viene a sumarse a los numerosos problemas de funcionamiento de la alta velocidad y a los incontables retrasos y averías a los que se enfrentan los usuarios de los trenes de Cercanías.
![Imagen del futuro Palacio de la Ópera de Málaga.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11184046.jpg?p=w:320\/h:240&h=y7qh8ceU"])
Algo parecido ocurre con la búsqueda de soluciones para la congestión de la Ronda Este. Transportes puso en marcha el análisis de alternativas con las que mejorar la capacidad y resolver los problemas recurrentes de tráfico de este corredor, pero tampoco se ha pasado a una fase de ejecución de una gran infraestructura.
Uno de los ejemplos más significativos de la inacción de la Administración central es el acceso norte al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Pese a que forma parte de la agenda política desde hace años, concluye el mandato sin la licitación de las obras.
El Auditorio: la ausencia del Estado
En el capítulo cultural aparece otro elemento llamativo: el Auditorio de la Música.
El Ayuntamiento ha dado ya el paso decisivo de licitar las obras, con un presupuesto de 202,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses. El proyecto contempla más de 30.000 metros cuadrados y una capacidad cercana a las 2.000 plazas.
El silencio del Ministerio de Cultura contrasta con el respaldo del resto de actores públicos, caso de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, que sí han comprometido importantes sumas económicas.
![Delimitación de los terrenos de Buenavista, en Málaga.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/9916698.jpg?p=w:320\/h:240&h=OVP-Wd68"])
Otra de las iniciativas que queda pendiente es la desaladora de la Axarquía. En el peor momento de la sequía que asolaba la provincia de Málaga, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comprometió una inversión de 100 millones de euros para ejecutar una infraestructura extraordinariamente necesaria para regantes y consumidores.
Casi tres años y medio después, tras no pocos problemas administrativos y burocráticos, el proyecto se mantiene estancado, sin inversión real sobre el terreno.
La vivienda es otro de los campos de acción en los que la intervención del Gobierno ha sido escasa. En Málaga, canalizó alrededor de 48 millones de euros de fondos europeos en subvenciones para impulsar la promoción de vivienda protegida en el sector Universidad, dentro de una de las grandes bolsas de suelo residencial de la capital.
Más significativo aún es el caso de Buenavista, uno de los grandes suelos públicos de la ciudad destinados a vivienda protegida. Después de años de espera, el Gobierno ha conseguido activar finalmente la contratación de las obras de urbanización del sector, con una inversión cercana a los 34 millones de euros y capacidad para 1.362 viviendas protegidas. El Consejo de Ministros autorizó la licitación en mayo y CASA 47 sacó posteriormente a concurso las obras.
